La trayectoria de las empresas extranjeras que “trabajaron” con el Gobierno mexicano no es del todo limpia, ni legal, ni leal. La mañana del martes 30 de junio, se conjuntaron una serie de informaciones que mostraron que el pasado de la conversión en energía eléctrica fue un verdadero fraude.
El presidente de la República narró, ante pregunta de los medios, la historia sucia de los contubernios entre las empresas y los funcionarios públicos, que inició durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la clara intención de privatizar la energía eléctrica, que había expropiado Adolfo López Mateos en 1960.
Esas mismas empresas que simulaban licitaciones y vendían a la CFE a sobreprecio las tarifas de luz, ahora demandan por no poder seguir medrando con el pueblo de México. Porque, lo aclaró el Presidente, fue un fraude contra el país, cuando no había defensores del interés público en el Gobierno.
Se realizaron contratos con particulares cuando la Constitución todavía no lo permitía y para aparentar legalidad se reformaron leyes secundarias, a sabiendas de que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, todo para favorecer a las empresas extranjeras particulares y, desde luego, favorecerse.
Ahora estas empresas levantan una controversia para continuar con esas prácticas ventajosas, creyendo que en México la corrupción se había vuelto tradición nacional.
Pero como la mañana del último día de junio tenía sus matices de ilegalidad también, algunos medios amanecieron con la noticia de que el exgobernador de Chiapas, ahora senador de la República, conociendo dicha trayectoria de las empresas extranjeras, porque tiene pedigrí de político desde su abuelo, Manuel Velasco Suárez, también fue gobernador de la entidad y, por si fuera poco, vive y gobernó un estado con cinco muy grandes centrales hidroeléctricas que están construidas sobre el río Grijalva y a pesar de ser conocedor del tema, convocó a los senadores a llegar a un punto de acuerdo para mediar entre el Gobierno federal, específicamente la CFE y la empresa española, de muy mala reputación en todo el mundo, Iberdrola, como si se tratara de una falta de comunicación o malos entendidos.
Nadie, con dos dedos de frente, o con una pizca de patriotismo puede iniciar un punto de acuerdo en un lío tan desigual y evidentemente fraudulento, pero todo sea por llamar la atención, aunque sea con tonterías.
La verdad es que, si la empresa Iberdrola no quiere o no puede realizar la Central de Ciclo Combinado de Tuxpan, Veracruz, y es que la información no suele ser el fuerte del nieto verde y seguramente si no es Iberdrola será otro, finalmente la empresa española la llevará a cabo porque es un buen negocio a pesar de estar sujetos a las nuevas reglas del juego.
Porque algunos que toman la desinformación como la principal base para manipular aseguran que, si Iberdrola no realiza la obra, el país simplemente se acaba. No es así. Y si se acaba, que se acabe con dignidad. Pero los oportunistas lanzan información al aire para ver qué medio de comunicación las difunde.
En realidad, lo que los tuxpeños quieren es que las tarifas de luz de sus casas tengan los mismos beneficios que habitantes como los de Tabasco, donde por ser generadores de energía tienen una tarifa preferencial, pero quienes quieren exaltar el litigio disfrazado de ayuda social, simplemente muestran que no conocen a la población porque siempre han vivido muy alejados de los habitantes.
Ya lo dijo el Presidente, se trata de un fraude que simuló entrega de contratos que nunca se llevaron a cabo, en perjuicio a la hacienda pública, ante este delito no puede haber puntos de acuerdo, ni mediación, ni voces que no caigan en la complicidad o la ingenuidad.
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