El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aceptó su extradición a México por un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar información a cambio de beneficios judiciales, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia mañanera, ayer indicó: “entiendo que Lozoya está aceptando la extradición por un acuerdo con la Fiscalía, para lograr algunos beneficios durante el juicio y en cuanto a su posible condena, aportando información”.
La colaboración del director de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, “va a ayudar mucho porque seguramente él va a declarar” sobre los casos por los que se le imputa lavado de dinero: los contratos otorgados a Odebrecht y la compra de una planta de fertilizantes en estado de chatarra durante el sexenio pasado.
López Obrador consideró que es un momento estelar para demostrar los actos de corrupción que se cometieron en anteriores gobiernos, “esto es muy importante, daba mucha vergüenza que en otros países estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país nada, campeones en impunidad”.
Sobre la compra de la planta de fertilizantes a la empresa Agronitrogenados, una filial de Altos Hornos de México, según cifras oficiales, se invirtieron 6 mil 250 millones de pesos en la adquisición e intento de rehabilitación.
Sin embargo, diversas Auditorías señalan que Pemex pagó la mayoría de componentes como si estuvieran en buen estado pero la mayoría eran considerados para “desechó”.
De hechos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el 60% de la planta de fertilizantes, inmuebles y muebles, era inservible al momento de la compra.
Lozoya quien ofreció su colaboración para esclarecer el caso Odebrecht y la compra de la planta Agronitrogenados, considerada “chatarra” podría optar por una cuestión de criterios de oportunidad, manifestó el abogado penalista Irving Regino.
“No obstante es complicado porque tiene tres delitos; cohecho, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, probablemente por el cohecho alcanzaría un beneficio y dependerá de su defensa, podría colaborar con la Fiscalía General de la República”, expresó a 24 HORAS.
Comentó que delincuencia organizada es un delito de prisión preventiva oficiosa “y si llega a colaborar y de ahí si se desprenden otros funcionarios, le podrían renegociar algún tema de las sanciones, estas podrían disminuir, pero está supeditado a la calidad de información que suministre a la FGR”.
En operaciones con recursos de procedencia ilícita el Ministerio Público tendrá que justificar la medida cautelar de prisión preventiva, por contar con más delitos y así poder garantizar la presencia de Lozoya en el juicio.
Cuestionado si el ex presidente Enrique Peña Nieto puede ser investigado, el penalista indicó que es un tema complejo por la política del actual presidente.
“Delitos de servidores públicos hubo una reforma reciente y por lo cual no se le puede aplicar de manera retroactiva a pesar de ser más severa”, manifestó.
Fuentes consultadas manifestaron que las posibles penas de Lozoya hay varias fórmulas para individualizar las penas dependiendo si con la misma conducta se cometieron dos delitos, pero el cohecho en esos montos va de 2-14 años; lavado 5-15 años; y 5-10 años por la asociación delictuosa.
LEG