Muchos cuestionamos las cifras sobre seguridad que ofreció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En términos generales, se refirió a la baja de todos los delitos del fuero común -robo, asalto a transeúnte, robo a casa-habitación, secuestro-, y se aventuró a decir que su Gobierno “ha podido mantener sin aumentos sensibles’’ el delito de homicidio doloso.

El problema para creer en estas cifras, es que el Presidente no nos dijo los parámetros que utilizó para medir esas reducciones.

Es decir, no nos dijo en su informe si las reducciones en esos delitos eran solo en el primer semestre del año, o el promedio de sus 19 meses de Gobierno o si estaba comparando cada delito mes con mes.

La percepción ciudadana, sin embargo, es otra.

En cada encuesta seria, cuando se pregunta cuál es el principal problema del país, invariablemente el primer lugar se lo lleva la inseguridad.

Respecto a los homicidios dolosos, López Obrador dijo que se rompió “la tendencia histórica’’ de ese delito.

En términos estadísticos, es cierto.

El homicidio doloso, de acuerdo con la cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha tenido un reducción marginal del 0.5 por ciento.

La realidad es que este delito es el de más impacto social y las noticias de masacres cotidianas le restan credibilidad a la cifra.

Ni bien el Presidente había terminado su discurso, en Irapuato se registró el asesinato de 24 jóvenes que estaban en rehabilitación de sus adicciones.

Sea cual fuere el motivo de este horror, la constante en el país sigue siendo noticias como ésta, que evidencian la insuficiencia de las estrategias nacional y local y la falta de coordinación entre las policías locales y la Guardia Nacional.

Una reducción del 0.5 ni siquiera se debía presumir.

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A propósito de la masacre en Guanajuato, está bien que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez responsabilice al Gobierno federal de no hacer la parte que le corresponde para garantizar la seguridad de sus gobernados.

Pero la situación ya ha rebasado cualquier reclamo, por válido que éste sea.

No puede pretextar su desencuentro con el Gobierno federal para seguir justificando que ocurran esas matanzas en el estado.

Él tiene mucha responsabilidad en lo que ocurre; y si no puede atender el asunto, que va más allá de la ratificación o no del Fiscal del estado, bien tendría que repensar su estadía en el cargo.

Lo sentimos por la población de ese bellísimo estado.

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A pesar de que era un informe para festejar los dos años “de su triunfo’’, López Obrador no se veía contento; más bien tenso y probablemente molesto.

¿Acaso tuvo que ver en algo el tuit de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que desató miles -en verdad, miles- de mensajes de reprobación?

La señora Gutiérrez respondió a un tuitero que le hacía referencia a los niños con cáncer con un grosero “yo no soy médico, a lo mejor usted si. Ande, ayúdelos’’, lo que le generó una oleada de reclamos.

Con ese antecedente, ¿acompañará la (no) primera dama a López Obrador a su gira por Washington?

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Parecía que se les escapaba pero no.

José Ángel Casarrubias Salgado, “el Mochomo’’, no fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada pero fue detenido por personal de la SEIDO, para ser imputado por otros delitos vinculadas a una investigación en curso.

La nota es que hasta el momento, “el Mochomo’’ no está siendo vinculado por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa aunque la Fiscalía General de la República tiene clara su participación en los hechos.

LEG