De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, violó la Constitución y diversas leyes federales al intentar eliminar por decreto el cobro de peaje en la caseta de Playas de Tijuana.
Mediante un comunicado conjunto precisaron que el gobernador Bonilla invadió la competencia y atribuciones exclusivas del poder Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos para explotar, construir y operar carretas federales y autopistas.
En este sentido CAPUFE, como administrador y operador, procederá a iniciar las acciones legales correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero.
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas.
La madrugada del jueves 9 de julio, al menos 160 elementos de las fuerzas armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, acudieron a dicho tramo carretero para restablecer la operación normal de la plaza de cobro, debido a que el martes pasado, el gobernador Bonilla tomó control de las instalaciones de Capufe de forma ilegal a fin de dar paso libre a los automovilistas.
El operativo se llevó a cabo sin actos de violencia, sin embargo, se advirtió a los involucrados que de no retirarse, serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
En el acto al que acudieron funcionarios estatales, incluido el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Municipal, se haría cargo de evitar actos delictivos en el lugar, así como brindar seguridad.
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EAM