La Corte Suprema de Canadá validó este viernes la constitucionalidad de una ley que castiga el hecho de obligar a alguien a someterse a una prueba genética o a revelar los resultados.
Con el voto de cinco jueces a favor y cuatro en contra, la mayor instancia judicial del país revocó una decisión de la Corte de Apelación de Quebec, que consideraba que eran las provincias, y no el Parlamento federal, las que eran competentes para promulgar esas reglas en materia de derecho criminal.
La Coalición Canadiense para la Equidad Genética, que agrupa a 15 organizaciones, había presentado un recurso contra esa decisión.
La ley validada por la Corte Suprema, que entró en vigor en 2017, prohíbe la discriminación al imponer normas para los test genéticos.
El texto prohíbe, entre otras cosas, exigir a una persona que se someta a una prueba genética y que divulgue los resultados de ésta como condición para acceder a determinados bienes, servicios y contratos.
A modo de ejemplo, las aseguradoras no pueden reclamar un test genético para concederle un seguro de vida a un cliente.
La ley castiga también con multas de hasta un millón de dólares canadienses (unos 735 mil dólares estadounidenses) y/o penas de hasta cinco años de cárcel el hecho de recoger, usar o comunicar los resultados de la prueba genética de alguien sin su consentimiento.
El Parlamento había adoptado esa ley contra la opinión del gobierno de Justin Trudeau, que aseguraba que el texto excedía la competencia del Parlamento y podía “romper el equilibrio constitucional entre poderes federales y provinciales”.
“Las prohibiciones previstas por la ley protegen la autonomía, la vida privada, la igualdad y la salud pública, y representan, por tanto, un ejercicio válido de la competencia del Parlamento en materia criminal”, dijeron los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor.
EFVE