Los errores, las correcciones en público, los cambios de opinión en plena conferencia, las desautorizaciones, son datos significativos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cree en su gabinete.

Por más que diga que los respeta y respeta sus decisiones, no hay más órdenes que las que salgan de su boca.

López Obrador a descalificado en público al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha obligado al secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval a revelar los nombres de los cárteles que operan en el Valle de México “por única vez’’ pese a que su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, había tratado de guardar el sigilo de la investigación.

El Presidente hace lo mismo con cualquier secretario de Estado, con excepción de Marcelo Ebrard, canciller en funciones de vicepresidente, imponiendo su criterio al de los funcionarios de primer nivel.

Hace unos meses, en una conferencia en el Senado de la República, se le preguntó al coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, si el gabinete estaba a la altura del Presidente de la República.

Monreal respondió que veía a algunos que no lo estaban, que veía al Presidente “muy solo’’ y que hacía falta “más acompañamiento’’ del gabinete a las decisiones presidenciales.

Monreal tenía razón en ese momento; pero los meses han pasado y si en buena medida el gabinete se ve paralizado es por la omnipresencia de López Obrador en todos los temas, los conozca o no.

Lo malo del asunto es que muchas decisiones las toma a bote pronto, o al menos así parece, sin consultar a los funcionarios encargados del tema.

Su compromiso dominguero de apoyar -se entiende que con dinero- a los deudos de cada uno de los fallecidos por Covid-19 (casi 40,000) no fue consultada con el secretario de Hacienda, que hace malabares para completar la quincena federal.

La renuncia de Javier Jiménez Espriú (se concrete hoy o no), tiene de fondo esa causa, como la tuvo en su momento la del primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

¿Cuántos integrantes del gabinete, bien intencionados, se encuentran amarrados de manos o atemorizados de pasar al bando de los “conservadores’’ por designio presidencial si rebaten una cifra, un hecho, un proyecto?

¿No debemos en parte a ello la pésima situación económica, política, social, de seguridad y sanidad que vive el país?

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Otra vez se le hizo bolas el engrudo a Mario Delgado en la Cámara de Diputados.

Mientras en el Senado se logró un acuerdo para la realización de un periodo extraordinario, en San Lázaro no se había podido llegar a un acuerdo para incluir los temas que le interesan al Presidente, como la reforma a la Ley de Responsabilidad Hacendaria con la que el Ejecutivo pretende extender sus atribuciones sobre el presupuesto y la extinción de varios fideicomisos.

El periodo extraordinario para los diputados ya está aprobado, pero solo para la selección de los 4 consejeros electorales faltantes.

Justo este tema es que atoró los otros, pues las diversas tribus de Morena quieren obligar a Delgado a reponer el proceso de selección, lo que está impedido a hacer por la propia ley.

A ver cómo la libra.

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Un ejercicio estadístico del Gabinete de Comunicación Estratégica establece que una eventual alianza entre Morena y el Partido Verde, llevando como candidato al diputado federal Ricardo Gallardo, les daría la gubernatura de San Luis Potosí por amplio margen.

De acuerdo con el estudio, Gallardo suma el 60.8 de las simpatías de los encuestados en tanto que el panista Xavier Nava, el segundo lugar, tiene el 24.2 por ciento.

El PRI no existe.

LEG