El caso de Agronitrogenados, por el cual fue extraditado Emilio Lozoya, va más allá de la compra de una planta chatarra, porque, además, se perdieron 9 mil 571.6 millones de pesos en intentar rehabilitar sus cinco plantas.
En diciembre de 2013, bajo el mando de Lozoya, Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó la compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México. Se trata de una planta de fertilizantes, ubicada en Veracruz y con 14 años en desuso.
Para la operación se realizó una triangulación con varias subsidiarias de Pemex: PMI Comercio Internacional encargó la compra a su filial PMI Holdings, misma que creó la empresa Proagro Industrial para concretar la adquisición de la planta de fertilizantes.
La auditoría 492-DE detalla que la compra de Agronitrogenados fue por 5 mil 427.2 millones de pesos, y además, entre 2014 y 2018, se invirtieron 9 mil 571.6 millones de pesos en intentar -sin éxito- rehabilitar sus plantas de urea.
Por ese caso, el ex director de Pemex fue detenido en España y extraditado a México hace unos días, donde se espera que se acoja al criterio de oportunidad, con lo cual, la expectativa es que revele un presunto esquema de corrupción para la compra de Agronitrogenados.
Sobre los 9 mil 571 millones de pesos, invertidos en tratar de echar a andar a la planta de fertilizantes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su fiscalización 471-DE señaló que se contemplaba iniciar operaciones en 2016; sin embargo, el proceso se fue alargando hasta la última promesa que fue para julio 2018, lo cual tampoco se concretó.
De acuerdo con la revisión, de los contratos para la rehabilitación con diversas empresas, hasta 2018, varios habían finiquitado. Por ejemplo, existe uno firmado com Avanzia Instalaciones para la rehabilitación de las plantas de Urea 1 y Urea 2, el cual se quedó en el proceso de realizar pruebas de confiabilidad.
La auditoría concluye que “se formalizó la entrega-recepción provisional de las plantas de Urea 1 y 2, del área de servicios auxiliares y materias primas y del área VI, sin que la empresa hubiera realizado las pruebas de confiabilidad de las dos plantas”.
El informe añade que la rehabilitación se entregó sin realizar “la prueba antisurge 09-K-002 del turbocompresor de bióxido de carbono de la planta de Urea 2 ni entregado el aviso de terminación de los trabajos, el certificado de aceptación provisional y el certificado emitido y firmado por el contratista, en el que se señalara y certificara que las obras se ejecutaron y culminaron en los términos del contrato”.
A su vez, considera como irregular que Pemex “no contó con el personal que debía tener contratado y capacitado para encargarse de los trabajos previos que se debieron realizar para ejecutar las pruebas de arranque, la operación y el mantenimiento de las plantas de Urea 1 y 2”.
Vigilan a detenido GN y FGR en hospital
Un operativo discreto de la Guardia Nacional (GN) y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) resguardan tanto el exterior como interior del Hospital Ángeles del Pedregal por la hospitalización del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien permanece ahí desde el viernes pasado tras ser extraditado de España.
Trabajadores del nosocomio comentaron a este diario que el exfuncionario fue intervenido por una hernia hiatal.
En un recorrido se constató que en la entrada y salida del nosocomio están apostados seis elementos de la GN con tres unidades y se dividen en tres turnos en caso de ser requeridos.
Mientras que en el interior la vigilancia es por parte de los agentes de la FGR.
Por otra parte, fuentes consultadas expresaron que el exservidor público acusado por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como cohecho por el caso Odebrecht y Agronitrogenados permanece en calidad de detenido y todavía no efectúan diligencias.
En tanto, Estefanía Medina, litigante y cofundadora de Tojil -despacho de abogados- manifestó que en caso de que se haya suspendido por 10 días la audiencia se trata de un acto irregular, porque no existe justificación, pues incluso a través de videoconferencias desde el hospital, el juez hubiera ordenado dicha audiencia y resolver su situación jurídica.
Consideró que si bien puede convertirse en testigo, no automáticamente le cambia su calidad de imputado. “Lo que tendría que hacerse para que le quitaran los cargos sería la aplicación de un criterio de oportunidad”, señaló.
Explicó que para la aplicación de este criterio se requieren muchos requisitos como garantizar la reparación del daño, comparecencia, “no es un proceso de un día para otro”.
fahl