El reciente anuncio del Ejecutivo federal sobre transferir la autoridad y coordinación de los puertos, la marina mercante y aduanas al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina (SEMAR), ha causado “honda preocupación” en el sector marítimo nacional e internacional, afirma Juan Carlos Merodio López, representante del Comité Marítimo Internacional de la ONU para México.
El también especialista en derecho marítimo explicó que si bien la medida tiene como principal razón a la seguridad nacional, para hacer la transferencia de los puertos y la marina mercante de una dependencia gubernamental (SCT) a otra (SEMAR) se deben reformar leyes como la de la Administración Pública Federal, la Ley de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos, y sus reglamentos.
“Ya antes la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo se pronunció en contra de que se hiciera esta transferencia de los puertos y la Marina Mercante del ámbito de SCT hacia la SEMAR, esto en concordancia con lo que sucede en los demás países de vocación marítima”, indicó.
Recordó que actualmente cada uno de los puertos mexicanos son administrados por las
Administraciones Portuarias Integrales (conocidas como APIS), de las cuales algunas son de nivel federal, otras estatales, otras adscritas a Fonatur, y una sola de carácter privado.
Las APIS no son autoridad, agregó, son sociedades anónimas de capital variable cuyo objeto principal consiste en elaborar el Plan Maestro de Desarrollo del puerto que les corresponde.
“En cuanto a la Marina es cierto y hay que reconocerlo, que desde el sexenio del expresidente Salinas de Gortari se acabó con el interés de contar con una herramienta estratégica en materia de transporte marítimo que sirviera para encauzar las políticas comerciales internacionales de interés nacional. Pero también es cierto que la política y desarrollo de una Marina Mercante Nacional, no debe quedar bajo la tutela de una autoridad militar”, señaló.
fahl