El 29 de junio Morena aprobó una nueva convocatoria para la renovación de su dirigencia. El 1 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó la elección de un nuevo CEN antes del próximo 31 de agosto e impuso para la presidencia y secretaría general el método de encuesta abierta y dejó libre al resto de las secretarías.

Hubo contradicciones entre la convocatoria y la resolución de la Sala. Y se generó amplio desconcierto, pues en la convocatoria se fijaron fechas para realizar asambleas presenciales masivas en contravención a las medidas sanitarias.

El 12 de julio se celebró una sesión virtual del Consejo, en el que se presentó la convocatoria al Congreso para renovar la dirigencia y de manera inusual e indebida se sometió a votación del Consejo para su validación. Se aprobó la conformación de una Comisión de Encuestas, órgano a la que la Sala le impuso la obligación de elaborar la metodología para la encuesta abierta.

A petición de la presidenta del Consejo, se acordó desconocer la obligación de realizar la encuesta abierta a la ciudadanía; en cambio, se convino acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que hubo una intromisión a la vida interna de Morena.

Cierto, la Sala ha trasgredido principios básicos, por ejemplo, reconoció a Dussel y Ramírez Cuéllar como integrantes del CEN, a pesar de que ninguno es consejero nacional y el primero, ni afiliado está. Lo cual, no fue observado ni cuestionado por la presidenta Luján. En cambio, mostró resistencia a la encuesta abierta que es desfavorable a su pretensión de presidir al CEN. Sospecho que su objetivo es ganar tiempo.

La propuesta de elevar a la Comisión Interamericana es -en el mejor de los casos- una estrategia dilatoria. Me explico, la Comisión recibe e investiga denuncias, pero sus resoluciones no son vinculantes; aunque pudieran devenir en un juicio ante la Corte Interamericana.

Basta recordar el tristemente célebre caso del Campo Algodonero contra México, por los feminicidios en Ciudad Juárez, la denuncia en la Comisión se interpuso en 2002 y la resolución de la Corte se emitió hasta 2009. Sin duda, Morena aspira renovar su dirigencia en un tiempo mucho menor que siete años.

En cuanto a los derechos violentados, no se precisaron los tratados interamericanos ni los preceptos que se invocarían. Recomiendo no caminar por esos senderos. Apostémosle al interés colectivo y al diálogo. Coincido en que quien nos dirija deba ser alguien con amplia trayectoria en Morena, y es más, en mi opinión tiene que ser una mujer. Pero basta de pleitos, acordemos, cedamos y renovémonos. Que prevalezca la democracia.

 

                                                                                                                                            @CarolBArriaga