Ante la polémica registrada por el contenido de la Ley de Salud Mental que sería aprobada en el período extraordinario del Senado, mañana miércoles, la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, y promovente de la iniciativa, Geovanna Bañuelos, decidió retirar el dictamen hasta llevar a cabo un ejercicio de Parlamento abierto.
Desde marzo pasado, al menos una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil se manifestaron en contra de ley, que aseguran, perpetúan violaciones a derechos humanos hacia las personas con discapacidad, al pretender legalizar internamientos involuntarios, tratamientos forzados y desconocer la capacidad jurídica de las personas discapacitadas.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, reconoció que esta iniciativa Ley de Salud Mental generó polémica.
“Hace varios meses la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos, presentó una iniciativa para que crear una Ley General de Salud Mental, esta iniciativa, este dictamen, ha generado discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil”.
En tanto, Geovanna Bañuelos pidió al senador Monreal, abrir los canales de discusión y de debate “que sean incluyentes gracias a este interés que se la ha puesto al tema de salud mental, para que pueda generarse a partir del mes de septiembre Parlamento Abierto y, que el Senado de la República no decline de este compromiso que tenemos, esta deuda histórica que tenemos con los mexicanos”.
De acuerdo con los colectivos de defensa de los Derechos Humanos, la iniciativa de la senadora Bañuelos de la Torre contradice estándares internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por México en 2008.
Criticaron que la propuesta reproduzca una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas al verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos y pone en entredicho derechos como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la capacidad jurídica y a la libertad personal.
Señalaron también que la iniciativa podría legalizar los tratamientos forzosos, considerados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además de que avala los internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos y, usa un lenguaje discriminatorio que reproduce estigmas equivocados sobre la salud mental.
fahl