Expertos en salud, grupos de derechos civiles y legisladores coincidieron el miércoles en sus críticas a los planes de la Comunidad de Madrid para otorgar pasaportes de inmunidad a las personas que hayan dado positivo en las pruebas de anticuerpos del coronavirus.
Llamadas “cartillas COVID” por la líder del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, que quiere introducirlas como proyecto piloto en septiembre, identificarían a los titulares como libres de coronavirus, permitiéndoles el acceso a zonas de alto riesgo de infección, incluyendo gimnasios, museos y bares.
Ayuso dijo el martes que la clave estaba en permitir que las personas que no estén infectadas sigan llevando una vida normal, y centrar así las precauciones en los más vulnerables.
La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió que se estudie la opción de la cartilla como medio para poder identificar quién no puede infectar o ser infectado.
Sin embargo, en momentos en el que los países buscan encontrar un equilibrio entre la lucha contra el virus y el respeto de las libertades civiles, los expertos han cuestionado la validez científica de tal sistema y dicen que podría infringir el derecho a la privacidad.
“Un resultado positivo de anticuerpos de COVID-19 no significa necesariamente que tengas anticuerpos ‘funcionales’ que te protegerán de otra infección”, escribió la epidemióloga de la Universidad de Liverpool, Raquel Medialdea.
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha desaconsejado el uso de pasaportes de inmunidad por estos motivos, y un gran estudio sobre la inmunidad realizado en España mostró que el 14% de los participantes con anticuerpos los habían perdido cuando se les hizo la prueba de nuevo tres meses después.
El país se ha visto afectado por un aumento de las nuevas infecciones diarias, con 13.116 diagnosticadas en los últimos siete días, lo que ha llevado a otras regiones a imponer de nuevo restricciones al movimiento y a las reuniones, mientras que el Gobierno de Reino Unido aplicó una cuarentena obligatoria a quienes lleguen de España.
Madrid, que sufrió la mayor parte del pico del virus a principios de abril, pero que desde entonces ha logrado mantener a raya las nuevas infecciones, es la primera región española en considerar un sistema de cartillas.
Rubén Sánchez, portavoz del grupo de derechos del consumidor FACUA, calificó la idea como “ridícula”, diciendo que violaría las leyes de protección de datos al obligar al portador a entregar información médica sensible.
Iñigo Errejón, líder del partido de izquierda Más Madrid, dijo que Ayuso no había contratado suficientes rastreadores del virus y había tardado en introducir el uso obligatorio de mascarillas. También criticó el sistema de cartillas Rocío Monasterio, del partido de extrema derecha Vox, cuyo nombre dijo que recordaba a las cartillas de racionamiento de la posguerra.
En medio de todas las críticas, Ayuso recibió el apoyo de Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia y compañero de filas en el conservador Partido Popular, que en la emisora RNE se mostró a favor de este intento por rastrear y controlar el virus.
ica