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Finalmente tras varios meses de investigación la Fiscalía General de la República  logró obtener de un juez federal una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez “Billy Álvarez”, al encontrar elementos para considerarlo el presunto líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero a través de la Cooperativa La Cruz Azul.

Pero resulta que la orden de aprehensión también fue girada contra Mario Sánchez, director financiero, Eduardo Borrell, director jurídico, Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera entre otros.

Los hechos que se les imputan, consisten en que, durante al menos 6 años, los ahora inculpados se organizaron de hecho para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa, ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.

En otros procesos, finalmente concluyeron las dos audiencias en las que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya conoció a detalle las investigaciones que tienen en su contra la Fiscalía General de la República.

De las dos audiencias sin duda lo más relevante es lo dicho por el mismo Lozoya el pasado martes, en donde acepta que pudo haber cometido delitos, y en el que señala ante el juez que dichos ilícitos fueron bajo las órdenes de lo que llamó un “aparato organizado de poder”.

Durante la audiencia refirió que fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” según lo que también expresaron sus abogados.

Sin embargo, tras varias semanas de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del constante señalamiento de que Lozoya podría presentar videos o pruebas en contra de exfuncionarios o actuales funcionarios, esto no ha ocurrido.

Durante las dos audiencias que se realizaron el exdirector de Pemex no dio nombres ni cargos de quienes son los miembros del aparato organizado de poder que lo obligó a cometer diversos ilícitos.

Lozoya no pisará la cárcel por ser testigo protegido, o por haber negociado con la Fiscalía General de la República. No estará en ella porque la ley así lo establece en los delitos que no son considerados como graves.

Hasta el momento el ex funcionario ha aceptado que si está negociando con el Ministerio Público Federal, pero el juez le dejó en claro que ese asunto es muy independiente de sus procesos penales.

Lozoya ante esto simplemente negó ser responsable de los delitos que le atribuyen en el caso Odebrecht, pero advirtió ante el juez que de momento no se defenderá legalmente de las imputaciones ni presentará prueba alguna en su descargo.

Y quizás lo que preocupa es que conociendo a los abogados de Lozoya, ellos tengan una lectura distinta de la llamada carpeta de investigación. Y estén detectando que tiene vacíos legales que fácilmente podrían ganar.

De ser así, ¿por qué necesitaría negociar con la FGR?, si la ley sin previa negociación le está permitiendo estar desde su casa y con brazalete, ¿ por qué presentar probables pruebas?.