Abogados penalistas consideraron que el exdirector de Pemex, Emilio N, acusado por probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita tiene un trato diferenciado, mediático y de circo.
“Vemos el efecto de la justicia selectiva en donde la Fiscalía General de la República (FGR) no pide la Prisión Preventiva Justificada (PPJ), el juez no entró en el asunto porque no se lo pidieron y entonces queda con esta gran posibilidad de mantenerse libre”, expresó a 24 HORAS el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
Calificó como preocupante este manejo selectivo, conveniencias políticas, en lugar de privilegiar el Estado de Derecho, democracia y transparencia.
En el caso de Odebrecht el litigante señaló que el esquema es obtener un beneficio político, electoral y lograr que se mencione a actores políticos de cierta relevancia.
“Pareciera que puedes cometer estos delitos, afectar al erario y hay un contraste con otros casos como el de Rosario Robles que por cosas más menores la señora está presa”, manifestó el también expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Por su parte Irving Regino comentó que la FGR pretenderá ir por la cúpula de quienes están implicados en Agronitrogenados y Odebrecht.
Explicó que es altamente probable que cambiarán a Lozoya por todos los funcionarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, e incluso por el propio exmandatario.
Destacó que puede generarse la posibilidad de que los legisladores que recibieron los supuestos sobornos por la Reforma Energética se conviertan en testigos colaboradores, demostrando que fue orquestado por una cúpula de poder.
“Es pertinente señalar que, si la FGR opta por aplicar el criterio de oportunidad en los dos casos, al momento de vencerse los plazos, ya no ejercitarían acción penal, evitando la continuación del procedimiento”, refirió a este diario.
Comentó que por el ánimo de colaboración del hoy imputado para con el Estado, posiblemente se convierta en un testigo colaborador, que implicaría que este caso quede concluido por esta figura.
“Es destacable que Emilio tiene un trato distinto con otros procesos, desde su traslado a centro de salud, hasta no haber solicitado una prisión preventiva justificada, como sucedió con la exsecretaria de Sedesol y Sedatu”.
Señaló que, si el exfuncionario no es investigado por el ilícito de uso indebido de atribuciones y facultades, no estará obligado al pago de la reparación del daño; “situación que deberá explicar la Fiscalía el por qué no se ha investigado al respecto, o qué acciones ha llevado a cabo”.
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