@guerrerochipres
Este lunes, el Gobierno de la Ciudad de México desahogó el tema pendiente de la presentación del protocolo de uso legítimo de la fuerza, semejante al de todas las comunidades policiales civilizadas del mundo que respetan y ejercen como una manera de, como bien lo dijo el secretario de Gobierno José Alfonso Suárez del Real, “ser garantes de los derechos humanos de todos”.
Sin excepción, en países donde se ha consolidado la construcción de un pleno Estado de Derecho, se formaliza la actuación institucional.
La Policía, con la ley de su lado y con la legitimidad del respaldo social amplio, la cual debe ser vigente y registrarse en todos los países, tienen la capacidad de ejercer el uso de la fuerza para defender los derechos de todos, que son desde la reforma del 2011 derechos humanos.
Entre esos derechos se encuentran los de la integridad de las personas —todas—, manifestación, expresión y de propiedad.
En otras palabras, en la medida en que el protocolo recientemente presentado sea una herramienta vigente para garantizar los derechos de los manifestantes, pero también de los periodistas, los peatones o de los propietarios de domicilios particulares o empresariales, será contundentemente evidente su utilidad y pertinencia.
Han habido 17 protocolos de actuación policial. En la historia de la capital nacional no han faltado. Lo ausente había sido la precisión técnica de su aplicación y lo omnipresente han sido las lecturas políticas de la intervención policial.
Para su aplicación, el presupuesto esencial es la existencia de policías debidamente capacitados, respetados por la ciudadanía y empoderados por sus propios jefes, con los límites impuestos por la ley. Lo saben bien los comprometidos subsecretarios de la SSC Pablo Vázquez y Bernardo Gómez.
Es de aplaudirse que el eje fundamental del protocolo sean los derechos humanos de la totalidad de los sujetos jurídicos que habitan la capital o pasan por ella. Aún con el posible riesgo de la presencia de los grupos de choque, la cultura de reivindicación humanitaria es resaltada en el documento presentado ayer.
La prevención de la violencia es indispensable. La apuesta gubernamental por la prevención, explicitada por el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, es tan actual como la indisposición democrática contra el abuso policial.
Se trata de un ejercicio de hacer compatibles los derechos con reglas mínimas de participación y usufructo del espacio público.
Hay pautas fundamentales: la integridad de los cuerpos policíacos es primordial, la dignidad de su oficio es requerida como instrumento de la legitimidad de la autoridad cuando resguarda las manifestaciones, pero también los demás derechos de quienes no son manifestantes.
En ese contexto, el enfoque de género es ahora más importante que nunca.
El respeto a los derechos humanos tiene frente a sí el compromiso de una manera de protección que excluye armas letales y ofrece garantías de diálogo, pero también de contención en beneficio de otros que se han sentido agredidos por excesos percibidos por la opinión pública.