Un juzgado federal otorgó a la empresa Aguas de Rosarito una suspensión provisional contra la cancelación anticipada que hizo el gobierno de Baja California de la construcción de una planta desaladora de agua de mar en el municipio de Playas de Rosarito.
La compañía presentó el 20 de julio una queja administrativa ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales del Poder Judicial de la Federación, con el argumento de que la cancelación del proyecto, realizada el 15 de julio por la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, fue unilateral.
El consorcio ha dicho que invirtió en la planta 50 millones de dólares, por lo que pretende exigir al gobierno de Bonilla Valdez 100 millones de dólares por daños y perjuicios. En diciembre de 2017, el Congreso del estado aprobó un decreto que permitió la contraprestación de 149 millones de pesos mensuales, así como un pago inicial de 447 millones de pesos que la administración del entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid hizo a la empresa, y autorizó la inversión por 9 mil 72 millones de pesos.
El ex mandatario enfocó en gran medida sus esfuerzos para gestionar la planta desaladora, obra que fue rechazada por
la sociedad, al considerar que generaría una gran carga en la deuda pública del estado.
Apenas el mes pasado, el secretario de Administración del Agua de Baja California, Salomón Faz Apodaca, expresó que la cancelación del referido contrato “nos sale más barata” que seguir cubriendo 149 millones de pesos mensuales durante 37 años por la operación de la planta.
MGL