Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Daniel Camarena Flores, dos comandantes regionales y cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Un juez federal dictó una orden de aprehensión en contra el ex procurador del estado durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del director de la entonces Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, de mandos y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en mayo del año 2007.
La detención del ex director de la Policía Ministerial, (ahora Agencia Estatal de Investigaciones), Camarena Flores, habría ocurrido ayer por la tarde, en su domicilio en la calle de Libres, y luego trasladado a las instalaciones de la FGR en San Bartolo Coyotepec, por su probable responsabilidad en la causa que se le sigue por la desaparición forzada de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario.
De igual manera fueron detenidos los mandos policiales, Juan José R. L. de la Mixteca y Abel M. de la Costa, también el jefe de grupo Francisco P., y los agentes Ernesto H., Dámaso S. y Samuel L. quienes fueron fueron trasladados a las instalaciones de la FGR para ser presentados ante el Juez que los requiere en Jalisco.
En su momento conocieron de la desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida hace 13 años, el 25 de mayo del 2007 en el hotel “del Árbol” sobre la calzada Madero, también afines a la Sección 22 del magisterio.
En un documento filtrado, se da a conocer los nombres de los implicados en el caso y que cuentan con órdenes de aprehensión en su contra son Evencio N. M. R. y Daniel C. F., también se procedió contra el comandante Pedro H. H., Albino S. O. o Albino S. O., alias El Babalucas; Juan José R. L., Dámaso S. P., Ernesto H. H., Samuel A. L. G., Francisco P. C. alias El Garapiñado y Abel Adán M. L..
Este hecho se da luego de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, tras la reunión de familiares de los eperristas desaparecidos Edmundo Reyes y Gabriel Cruz sostuvieran una reunión con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, para solicitarle su intervención.
En información difundida en periódico Noticias, señala que Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes y Margarita Cruz, hermana de Gabriel Cruz, indicaron que el 6 de mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió una sentencia que reconocía “la grave violación de derechos humanos” en contra de los eperristas “por parte de agentes del Estado mexicano”.
Pero la FGR y la Sedena presentaron recursos de inconformidad en contra de la resolución, procedimiento que quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que determinó enviar el caso a la SCJN el pasado 12 de diciembre.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de los miembros del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El 27 de abril del 2008, en el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, el entonces subdirector operativo de la entonces, Policía Ministerial del Estado (PME), ahora Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro H.H. y el agente Ángel R.C. fueron detenidos por el Ejército Mexicano y elementos de la Policía Federal Preventiva establecidos en esa ciudad y tras 90 días de arraigo fueron puestos en libertad.
En esa ocasión, ambos detenidos fueron señalados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 por tener alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas, y trasladados vía aérea a la ciudad de México donde rindieron su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), perteneciente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde ese entonces, la PGR solicitó a los familiares de los detenidos-desaparecidos muestras de ADN para poder cotejarlas con las de algunos cuerpos presuntamente correspondientes a Edmundo y Gabriel Alberto.
PAL