¿Cómo se verá desde el Senado la pandemia que desde hace semanas se trabaja en una modificación legal que les permita sesionar y votar a distancia?

El caso realmente preocupa a los legisladores porque no existe ni en el reglamento interior del Congreso ni en la Constitución una orden que posibilite la sesiones a distancia o en línea.

El tema no es simplemente el desarrollo de las sesiones, sino la validez constitucional de las votaciones.

Es decir, el problema es encontrar un mecanismo legal y tecnológico, que impida que las decisiones que tomen los senadores -seguramente en el mismo caso estarán los diputados-, sean reconocidos legalmente y que no puedan ser recurridos o impugnados en la Corte por aquellos que se sientan perjudicados por ellas.

Pero, además, se tiene que encontrar una plataforma o mecanismo tecnológico que impida que una votación se pueda truquear para que todas las fuerzas políticas la reconozcan como válida.

Se trata, desde luego, de un asunto legal al que puede encontrársele solución si el partido mayoritario y la oposición se ponen de acuerdo.

Independientemente de ese tema, está el de la duración de la pandemia.

El Congreso iniciará su periodo ordinario en tres semanas y como se ve el comportamiento de la enfermedad, es muy poco probable que los trabajos inicien de forma presencial, a pesar de que en la Cámara de Diputados reacomodaron las curules para marcar una distancia mayor.

Pero no se trata de proteger solo a los 500 diputados o a los 128 senadores, sino a los más de cinco mil trabajadores de San Lázaro y de unos dos mil en el Senado.

Ese es el verdadero problema.

Sesionar a distancia evitaría esas aglomeraciones y reduciría el riesgo de contagio.

¿Tendrán Ricardo Monreal y Mario Delgado tiempo para lograr el consenso?

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Muchas cosas malas se pueden decir de Donald Trump, menos que no esté preocupado por ayudar a recuperarse a sus sectores económicos.

El Presidente estadounidense -que se niega a utilizar el cubrebocas como ya saben quién-, emitió el 6 de agosto pasado, una Orden Ejecutiva con la cual ordena que en las compras públicas de medicamentos y equipos médicos, se privilegie a las empresas nacionales.

Sólo se podrán comprar medicamentos y equipo médico en el exterior cuando no exista producción nacional o éstos no cumplan con la calidad requerida; sean hasta 25% más caros los productos nacionales que los foráneos o que la compra (internacional) sea necesaria para responder a alguna emergencia o desastres previstos en las leyes sobre salud del Gobierno federal estadounidense.

Ahí no hubo consideraciones tan subjetivas como cuáles laboratorios “se portaron mal’’ o cuales sirvieron a otros gobiernos.

Rescatar la economía nacional fue el primer criterio de esta Orden Ejecutiva.

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Algunas entidades del país han tomado decisiones más duras respecto a la movilidad social y el uso del cubrebocas para contener el contagio de Covid-19 en su territorio.

Tal es el caso de Chihuahua, que ayer anunció la obligación de portar el cubrebocas en todos los municipios.

La decisión de Javier Corral fue respaldada por cuatro exgobernadores, tres priistas y un expanista, que no ven en la estrategia un atentado a “los derechos humanos’’, como algunos mandatarios han pretextado para no endurecer acciones, sino como una fórmula para contener en pocas semanas la propagación del virus.

Al final de cuentas, no han sido los gobiernos sino la propia enfermedad quien nos ha cambiado la vida, sin importar nuestros derechos al libre tránsito.