El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que su Gobierno tocará puertas de instancias federales, a fin de que sea aplicada la justicia a las distintas denuncias presentadas contra ex servidores públicos de la anterior administración estatal.

En entrevista ante representantes de medios de comunicación, el mandatario estatal lamentó que a casi dos años de haberse presentado dichas demandas, la mayoría por malos manejos administrativos y desvíos de recursos públicos, estas sigan sin mostrar ningún tipo de avance por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Manifestó que sobre la paralización de este tema, deberá ser el propio fiscal Anticorrupción del Estado, Juan Salazar Núñez, quien deba explicar por qué estas imputaciones contra el ex gobernador Graco Ramírez Abreu y otros ex funcionarios de primer nivel durante su administración no han prosperado.

Sin embargo, Blanco Bravo confió en que serán los propios ciudadanos quienes apliquen el juicio social a todos los ex servidores públicos que tuvieron que ver en los malos manejos realizados durante el periodo comprendido entre 2012-2018, ya que algunos de ellos ya se perfilan a buscar un cargo de elección popular el próximo año.

De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, son cerca de 60 denuncias por presuntas irregularidades detectadas en diferentes dependencias estatales, algunas de ellas de carácter penal, las que se han presentado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que aún no cuentan con ningún tipo de progreso.

Todas las imputaciones que ha presentado el Ejecutivo han sido debidamente sustentadas, por lo que se insiste en que la responsabilidad de la investigación plena de estos hechos corresponde a la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, se conserva total disposición para coadyuvar en la aportación de elementos que ayuden en los distintos procesos de las mismas.

El Gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco mantiene el firme compromiso con la ciudadanía de trabajar con los principios de honradez, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de continuar con la aplicación de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.