La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, así como contra seis exlegisladores, a quienes se podrá llamar a declarar, luego de la denuncia presentada por Emilio L, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en relación con el caso Odebrecht.
Así lo informó el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien comentó que sobre las afirmaciones que hizo el exfuncionario se tendrá que revisar los elementos de prueba, como recibos, un video y declaración de cuatro testigos.
“A partir de este momento la FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a revisar todas las diligencias, en primer lugar, las ratificaciones, presencia de los testigos, análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, en caso de ser procedentes a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar”.
Dijo que Emilio “L” manifestó que, en 2012, el entonces candidato a la presidencia por el PRI y Videgaray, le dieron la instrucción de utilizar 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial.
“Y el que después fue Presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo está presentando la denuncia, señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros.
En un mensaje el Fiscal destacó que en el tema de compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014 se habla de 120 millones de pesos que fueron ordenados para ser destinados a un diputado y cinco senadores, de quienes se reservaron los nombres, hasta que la FGR judicialice el caso, “si encuentran las pruebas suficientes”.
Gertz también informó que Lozoya denunció presuntas irregularidades relacionadas con Etileno XXI, durante la administración de Felipe Calderón.
“También existe otra parte que habla de -la planta- Etileno XXI, que eso fue durante la administración anterior y en ese caso específico, él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa”.
Subrayó que está vinculada con una empresa mexicana, socia de Odebrecht y que ahí se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos que el Gobierno federal dejó pérdidas muy graves.
Delito electoral prescrito
El abogado Juan Luis Gómez Jardón, dijo que la FGR tiene la obligación constitucional de recibir esa denuncia y realizar las diligencias hasta llegar a una determinación, aunque los delitos electorales del 2012 ya prescribieron.
“Los hechos son totalmente prescritos, es decir ya no existe una acción penal, pero no excluye a la Fiscalía que debe realizar las pesquisas hasta determinar por un acuerdo escrito si esa investigación procede en judicializarla”, refirió a 24 HORAS.
Explicó que lo más que puede ocurrir es que ambos personajes sean citados a comparecer para tomarles su declaración, “estos hechos se deberán valorar para efectos de saber si se judicializa o no, es decir si los ponen ante la disposición de un juez… ya no hay delitos connotados”
Amparo a ex abodagos de Lozoya
Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth ambos ex representantes legales de Lozoya, contra una eventual orden de aprehensión.
El pasado 5 de agosto los abogados promovieron el amparo señalando como autoridad responsable al juzgador Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y se desconoce en qué caso podrían haber surgido las supuestas órdenes de captura solicitadas por la FGR.
Cae ex funcionario de PFP
Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien ejerció el cargo de jefe de departamento en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Federal Preventiva (PFP) durante la administración pasada, fue detenido este lunes por su probable participación en el desvío de más de 2 mil millones de pesos.
La captura fue efectuada por elementos de las fuerzas federales en las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) derivado de una orden de aprehensión dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México.
La FGR solicitó a un juez 19 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la extinta PFP, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.
LEG