Aunque el presidente López Obrador sacó a colación en una conferencia matutina el asunto del narco Estado y luego lo anuló al día siguiente, el tema quedó en el inconsciente colectivo… y en algunos datos de la realidad.
En términos estrictos, el Estado mexicano no se desvió a un Estado al servicio de los narcos, pero desde 1984 hubo indicios de que el crimen organizado de las drogas estaba ya capturando áreas federales, estatales y municipales.
El asesinato del columnista Manuel Buendía, el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y la existencia informal de ventanillas negras para recibir de manera oficial dólares del narco para sostener el tipo de cambio fueron algunos indicios de que el narco sí había entrado en la segunda mitad de los ochenta en la lógica de funcionamiento del Estado.
El crimen organizado del narco no pudo haberse consolidado en zonas territoriales sin la aprobación de áreas del Estado, sin necesidad de someter las decisiones del Estado a los intereses criminales. En realidad, de Caro Quintero a El Mencho, el crimen organizado ha carecido de una mente estratégica para darle valor político propio o para articularse a grupos políticos y sociales disidentes o a buscar colocar a narcos en posiciones burocráticas del Estado. Les ha bastado con comprar autoridades. Los políticos asociados al crimen organizado sólo han ido por dinero, no por usar ese poder ilegal.–, hasta ahora.
Sin embargo, el primer paso ha sido dado. No se tiene claro si fueron ciertas las acusaciones contra el general Gutiérrez Rebollo o si Genaro García Luna subordinó la Secretaría de Seguridad al narco o sólo habrían cobrado comisiones o todas son acusaciones políticas al estilo americano.
Pero lo cierto es que el riesgo del narco Estado seguirá latente en tanto no se cambien las reglas del funcionamiento de las instituciones de seguridad y de los controles de confianza. Los grupos delictivos que operan en zonas territoriales sólo pueden hacerlo si hay apoyo institucional.
Zona Zero
- Hasta ahora nada ha salido en el juicio contra El Marro de señalamientos de funcionarios municipales y estatales que estaban en su nómina. Pero lo grave es que hasta ahora no haya habido relevo de funcionarios de los tres niveles de Gobierno que manejaban el expediente del capo y que durante años permitieron su consolidación y expansión.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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