La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, no descartó investigar las cuentas bancarias de los exlegisladores acusados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), de recibir sobornos, a cambio de la aprobación de la reforma energética.
Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que la indagación de estas cuentas podría darse por 2 vías, es decir a través de una solicitud de la Fiscalía General de la República o bien, a través de la Secretaría de la Función Pública.
“Nosotros generaremos nuestro modelo de riesgo y en caso de que se detecte algo irregular en términos de nuestra propia normatividad, podríamos iniciar el caso”, lo que significa indagar las cuentas de al menos siete exlegisladores que presuntamente recibieron dinero de Pemex.
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— @diario24horas (@diario24horas) August 18, 2020
Nieto Castillo, dijo que hasta el momento, la Fiscalía General de la República no le ha solicitado a la UIF ninguna información sobre las cuentas bancarias de los exsenadores del PAN, luego que dos de sus colaboradores, Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, aparecieran en un video difundido en redes sociales, donde se les observa recibiendo bolsas con dinero.
No obstante, reiteró que si la FGR presenta un requerimiento ante la UIF, las cuentas de estos exlegisladores comenzarían a ser investigadas.
“Nuestra facultad, también es una facultad proactiva, depende de la agenda nacional y depende, evidentemente, de nuestro modelo de riesgo que aparezca alguna información relevante que haya sido reportada por el sistema financiero”.
Dijo que el caso Lozoya y los involucrados, es un tema vinculado con corrupción política y ese es uno de los asuntos que el presidente López Obrador ha sido muy claro, “de que tenemos que seguir trabajando para evitar que este tipo de conductas se repitan en la vida pública mexicana”.
El exdirector de Pemex, acusó a los exlegisladores del PAN Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, así como al actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y el priista, David Penchyna; de haber recibido dinero, a cambio de aprobar las reformas estructurales de la anterior administración federal.