@osdtagle
La últimas horas no han sido las mejores para el Gobierno federal, por un lado un juez les notificó que revocaba la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, por lo que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) ya no lo perseguirán por el delito de lavado de dinero.
Alonso Ancira, no requirió grandes pláticas con el Ministerio Público Federal, no tuvo que confesar delitos ni mucho menos solicitar de un criterio de oportunidad. Simplemente tramitó un amparo y logró demostrar que el delito que se le imputaba ya había prescrito.
Con ello se le cae una investigación importante a las autoridades, pues a través de ella intentaban demostrar la existencia de una red criminal y política que llegaba hasta el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo al juez que resolvió el caso, a Alonso Ancira, ” le asiste la razón cuando afirma que la acción penal se encuentra prescrita y que, por lo tanto, la omisión de decretar la extinción de la acción penal a la luz de esta figura viola sus derechos fundamentales”.
A Alonso Ancira le imputan el tratar de sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex comprara a AHMSA la planta de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real.
En el caso del reciente video escándalo parece que las autoridades federales también se vieron sorprendidas cuando se enteraron que uno de sus principales contratistas en el IMSS es Rafael Caraveo, el ex secretario técnico del senado que aparece en el más reciente video recibiendo una maleta de dinero de un presunto funcionario de Pemex.
Para cerrar con broche, ayer no fue nada tersa la reunión del Consejo Nacional de Gobernadores, pues varios de ellos reclamaron el trato que se les está dando por parte de las distintas dependencias del llamado Gobierno de la 4T.
Llamó dentro de ellos la atención la postura del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien durante la reunión privada le dijo a la secretaria de gobernación que no había un trato parejo.
“El Gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra DA bofetadas de partido. Esta semana un miembro y candidato a presidir el partido político de MORENA, (Alejandro Rojas Díaz Durán) denunció al Gobernador de Tamaulipas por complicidad con la delincuencia organizada. Casualmente, varios medios de comunicación obtuvieron, al día siguiente, datos de una supuesta investigación en contra mía en la Fiscalía General de la República”, señaló el gobernador.
Quién ante todo el resto de gobernadores recordó la reunión que en su momento tuvo el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quién en julio del 2019 sostuvo en Tamaulipas una reunión con una organización criminal denominada la columna armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte de la Fiscalía local y de la federal.
Y para finalizar, dentro de Morena ya investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Alejandro Rojas, quien pretende competir por la dirigencia del partido. Dicen que lo que se revelará esta semana es el modus que venía operando desde que era funcionario en la Ciudad de México.