A punto de iniciar a distancia el ciclo escolar 2020-2021, Telmex, la empresa insignia de Carlos Slim y el mayor proveedor de servicios de Internet en el país, enfrenta un conflicto sindical que podría poner en riesgo las clases vía remota.

Por motivo de la pandemia, Telmex y el Sindicato de Telefonistas que encabeza Francisco Hernández Juárez, postergaron la revisión del contrato colectivo de trabajo que ocurre en el mes de abril, cada dos años.

Ahora que ha comenzado la revisión, la empresa de Grupo Carso propuso al sindicato eliminar, solo para los trabajadores que ingresen a partir de la firma del contrato colectivo, el sistema de jubilación actual.

El contrato establece que un trabajador puede jubilarse a los 31 años de servicio, independientemente de la edad, con el 80% de su salario integrado, es decir, sueldo base y prestaciones.

Además, cumplidos los 60 años, los trabajadores jubilados de Telmex pueden tramitar su pensión en el IMSS lo que convierte el retiro de los telefonistas en la jubilación soñada.

El director de Telmex, Héctor Slim, sobrino del magnate mexicano, ofreció firmar el contrato a cambio de que los trabajadores de nuevo ingreso se integren a una Afore porque la empresa “ya no puede pagar esa jubilación’’.

El sindicato se negó y para presionar una solución favorable a su causa realizó ayer un paro de 24 horas en todas sus oficinas, sin que se comprometiera el servicio que prestan.

Seguirán con las protestas porque al emplazamiento a huelga por la revisión del contrato, existe otro por violaciones al mismo.
Dos emplazamientos a huelga que aparentemente son inocuos en este momento, pero que de no resolverse en breve pondrían en riesgo el servicio de Internet que a través de la marca Infinitum, brinda en la mayoría del país la empresa de Slim.

El riesgo estriba en que otro paro -o la huelga- implicaría que, si se cae el servicio por las razones técnicas que fuera, no habría trabajadores para corregir la falla.

Ojo.

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Pues no, contrario a lo que se esperaba, dos de los tres gobernadores implicados en el sobornogate, Francisco Domínguez, de Querétaro, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, levantaron la voz para defenderse de las acusaciones del “delincuente’’ de Emilio Lozoya.

Domínguez lo hizo frente a López Obrador, durante la conferencia mañanera; se tomó poco más de seis minutos para defender su Gobierno y defenderse él.

Cabeza de Vaca habló en la reunión de la Conago que presidió Olga Sánchez Cordero.

Dijo que en el Gobierno le “pide el trato que no da. Con una mano pide trato de Estado pero con la otra da bofetadas de partido’’.

¡Ups!

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Hablando de gobernadores, el que comenzó también “bien lión’’ pero en las últimas semanas “ha callado como momia’’, es Jaime Rodríguez “El (no tan) Bronco’’.

El gobernador de Nuevo León se ha librado, por el momento, de una sanción por haber utilizado recursos públicos para su fallida campaña para la presidencia.

Además, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública le han documentado algo así como 19,800 millones de pesos, todos recursos federales, cuyo destino no ha podido comprobar.

El Bronco se va el año que entra, así que aún le queda tiempo “para solventar’’, como se dice en el argot, el destino de esos recursos.

Si puede.

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Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, ya abrió los ojos.

La que los sigue teniendo cerrados es Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que contrató como director de Difusión a un sujeto de nombre Arturo Tapia Lugo, el mismo que en septiembre del 2019 golpeó a la dependiente de una tienda en una estación del Tren Suburbano.