José Ureña

Todavía faltan detalles.

Pero es posible dar el adelanto:

El 31 de agosto a las 17:00 horas se iniciará la sesión para instalar la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Eso es de ley, no así las nuevas formas.

La presidirá un diputado federal –o mejor dicho, una diputada federal- del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para llegar a este arreglo han pasado muchas cosas.

Lo peor: la subasta política.

El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha comprado y vendido legisladores para el Partido del Trabajo (PT) de la forma más vil.

Quiso hacerlo la tercera fuerza de San Lázaro a fuerza de corrupción, como bien denunció el coordinador del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles.

Esto se da cuando el Gobierno y su partido persiguen a los opositores bajo el supuesto combate a la corrupción del pasado.

Tampoco tuvieron prurito para negociar con Emilio Lozoya Austin sus denuncias a disidentes a cambio de darle libertad de oro.

El objetivo camaral era claro: quitar al PRI de René Juárez Cisneros su derecho a conducir los trabajos en el tercer y último año de la Legislatura.

No nada más eso: pretendían poner la Cámara de Diputados en manos del impresentable Gerardo Fernández Noroña.

Pero ya se frenó esa compra-venta.

DULCE MARIA SAURI

Todavía hay presiones.

El PRI, con apoyo de otras bancadas, invocó el llamado “acuerdo fundacional”, compromiso firmado al comenzar la Legislatura.

Como Morena y el PT insistieran en su inmoral mercado parlamentario, la renovación de la Mesa Directiva amenazaba convertirse en crisis.

¿Ahora qué falta?

Continuar las negociaciones con todas las bancadas con el objetivo primario de dar gobernabilidad a ese cuerpo colectivo del Congreso de la Unión.

Lo segundo: presentar una agenda del último año a fin de no transformarla en ariete político hacia las elecciones de junio de 2021.

Lo tercero: presentar una lista de prospectos aceptados por la mayoría calificada de los 500 diputados federales.

En ese sentido ya transita el nombre de la yucateca Dulce María Sauri, a quien le reconocen experiencia y, sobre todo, prudencia.

Pero las negociaciones siguen.

UN PAÍS DE VÍCTIMAS

1.- Si los actuales legisladores quieren trascender, aquí les va una frase:

-México se ha vuelto un país de víctimas, ya que ellas han sido los sujetos olvidados.

Se les abandona y no se les dan medidas de protección “pese a que está en riesgo su patrimonio, su persona o su familia”.

Si quieren mayor información, pueden solicitarla al gobernador oaxaqueño Alejandro Murat, quien así habló en el Encuentro Nacional Digital Desafíos de la Justicia Mexicana.

Propuso más: atender a niños y niñas indígenas, quienes además del abuso sexual deben confrontar a sus victimarios en lugar de dar valor judicial a su denuncia.

Y 2.- Baja California es un escándalo.

A lo leído y sabido se suma ahora cómo los panistas heredan contratistas de mala fama a gobernantes de Morena.

El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, está por asignarle un contrato millonario a Fernando Beltrán para la instalación de fibra óptica.

¿Cuál es el tema?

Beltrán era un contratista favorito de Francisco Kiko Vega en diversas obras públicas, desde civiles hasta suministro de energía para acueductos.

LEG

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