Desde la Constitución de 1857, la figura del fuero se acotó al determinar que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podría ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.
Establecer una figura como el fuero perseguía la intención de facilitar el ejercicio público y evitar el desprestigio por rencillas políticas. Sin embargo, en la realidad se ha utilizado como herramienta para volver intocables a funcionarias y funcionarios que, por sus propias acciones, han caído en el descrédito.
Por eso, a menos de dos semanas de iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador emitió públicamente un recordatorio sobre la importancia de transitar hacia un esquema en el que todas y todos los mexicanos, sin importar su función o estatus político, enfrenten la justicia en igualdad de circunstancias.
Cabe resaltar que esta iniciativa también nace del reclamo popular por acabar con la impunidad y los privilegios de la alta burocracia, que durante largos años hizo negocios privados al amparo del poder público. Si ahora existe la necesidad de disolver la unión entre el poder político y el poder económico es precisamente debido a que durante décadas la clase política se pudo amparar bajo la figura del fuero para posicionarse por encima de la ley.
En consecuencia, bajo la lógica de la Cuarta Transformación, es necesario realizar las reformas indicadas para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción, fraude electoral o cualquier otro delito, con lo que estaríamos avanzando hacia la construcción de un marco legal que garantice legitimidad en el más alto cargo de la República.
La iniciativa que busca reformar los artículos 108 y 111 de nuestra norma fundamental la dotaría de una mayor armonía, al alinearse con lo establecido en el artículo 13 del mismo ordenamiento, que establece que ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que los que sean por compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.
La modificación también permitiría eliminar el obstáculo para la persecución de delitos que pudieran cometer personas servidoras públicas, ofreciendo a éstas mayor legitimidad para iniciar así el necesario camino de reconstrucción de la confianza entre las autoridades y la sociedad mexicana, la cual se fue debilitando con los años, a causa de los abusos por parte de la cúpula política.
Hoy México se encuentra en otra situación, en la que el fuero pasa a ser una figura arcaica e innecesaria. Por eso resulta fundamental esta barrera, que ha significado una división entre las autoridades y el resto de la sociedad.
La 4T ha logrado establecer en la Constitución federal otras herramientas de la democracia participativa, como la revocación de mandato y la consulta popular, con lo que se reitera su compromiso de desterrar la corrupción y desmantelar la red de influyentismo que se había apoderado de nuestra vida pública. En el Senado de la República se promoverá una discusión amplia, que derive en resultados dignos de presentar ante la ciudadanía que depositó en nosotros su confianza.
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