Sin trascender a los periódicos o noticieros, la cadena de linchamientos no letales o acciones de justicia popular por propia mano forman parte ya de la crisis de la seguridad pública en estados y municipios y está aumentado de manera sobresaliente. Y hasta ahora, las autoridades municipales y estatales no han entendido la lógica de la ira social ni, sobre todo, tampoco han tomado medidas de aumento de la presencia de la seguridad.
Grupos sociales están hartos de ser sometidos por delincuentes sin que policías hagan algo. El famoso video de hace semanas donde pasajeros de una combi golpean sin piedad a un delincuente es apenas el indicio del efecto social de la crisis de seguridad. Por alguna razón el robo promedio en vehículos colectivos bajó de más de mil al mes en 2019 a menos de mil en 2020.
Los robos en vehículos de transporte publico colectivo de pasajeros son apenas el microcosmos de la delincuencia y el ciudadano desarmado. El aumento de la respuesta social a la delincuencia es apenas el indicio de hartazgo que no han podido procesar las autoridades. Pronto se verán linchamientos o golpizas similares no contra delincuentes, sino contra sospechosos.
Las autoridades locales de municipios y estados no han sabido explicar ni responder a esa dinámica social de la violencia social de respuesta. Las bandas de delincuentes en calles y vehículos públicos han contado siempre con la complicidad de las autoridades y con leyes demasiado laxas. Son más duros los reglamentos de vía pública contra vendedores ambulantes que contra delincuentes con armas de fuego o punzo-cortantes que amenazan la vida de los usuarios.
El asunto de delitos y linchamientos de pequeños delincuentes es local, pero se está amparado en el relajamiento de la legítima defensa. Lo malo es que puede llegar a la autodefensa que carece de regulación. Estamos ante un problema de autoridad, de Estado, de sociedad harta y de seguridad local rebasada por la delincuencia y por la sociedad.
Zona Zero
- Muy importante el dato revelado por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, del bloqueo de cuentas de delincuentes: de hasta 800 al terminar el Gobierno anterior a casi 12 mil en la presente administración. Golpear el dinero es afectar el eje dinamizador de las bandas delictivas. Por ahí están debilitando al Cártel Jalisco Nueva Generación.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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