La larga explicación que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso de la consulta popular -que por cierto no aplicó en el caso de la cervecera en Baja California- para decidir llevar a juicio o no a los expresidentes, fue el banderazo de salida.

¿Para qué o quiénes? Para que los simpatizantes de Morena se organicen y comiencen a recabar los poco más de dos millones de firmas ciudadanas que se requieren para validar la consulta.

En una de esas las juntan, pero la pregunta es sí para aplicar la ley se requiere de la opinión popular.

Consultar a la población sin que la Fiscalía General de la República tenga elementos de prueba de que los expresidentes Fox, Calderón y Peña cometieron actos que pueden ser constitutivos de algún delito, es solo linchamiento político.

Desde su púlpito mañanero, López Obrador ya los condenó, sobre todo a Calderón con quien parece estar obsesionado; ni Peña, que aparece nombrado muchas veces por Lozoya como el líder del grupo que se benefició con actos de corrupción, le ha dado el trato que ha Calderón.

Pero la propuesta de que sea la población la que promueva la consulta en contra de los expresidentes tiene una doble trampa.

La primera es evadir su responsabilidad; él acusa, él puede solicitarla incluso brincándose a la Fiscalía General.

La segunda es que, en el supuesto de que efectivamente se convocara a una consulta, cabría la posibilidad de que ésta se hiciera el día de la elección en el 2021, lo que sin duda favorecería a los candidatos de Morena.

Y aunque esa eventual consulta pudiera hacerse dos meses después de las elecciones, el INE estaría siendo bombardeado con el tema de la “austeridad republicana’’ para tratar de obligarlo a realizar el sondeo el día de la elección.

Son escenarios posibles, pero, como sucedió con el tema de la pandemia, mejor tenerlos contemplados ahora que andar después buscando una explicación cantinflesca.

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Por alguna razón que no ha explicado, Raúl Martínez Galindo, titular de la División de Comisiones Nacionales Mixtas del IMSS, ha retrasado el fallo sobre la licitación para la compra de los uniformes de los trabajadores del Instituto.

El jueves pasado se pospuso nuevamente el fallo de esta licitación por más de 800 millones de pesos.

Se supone que Martínez Galindo junto con Rogelio Leonel Chavarría García, representante institucional de la Comisión Nacional Mixta de Ropa y Uniformes de Trabajo y Jorge García León, coordinador de Relaciones Laborales del IMSS, revisan desde hace semanas las posturas de los participantes en la licitación.

Pero están llevando el concurso a un plazo en el que, si hubiera alguna inconformidad por parte de los licitantes, no habría tiempo de reponer la convocatoria para un nuevo concurso.

Suponemos que eso “ya no pasa’’ en esta administración.

Ni modo que estén esperando “contribuciones’’ de alguna empresa concursante para el movimiento.

¿Verdad que no?

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Si realmente Alejandro Encinas, quiere competir por la presidencia de Morena, tendría que dejar el cargo de Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Encinas es un lopezobradorista confirmado y tendría la bendición presidencial si de verdad decide competir por ese puesto.

A lo mejor desde ahí se ve más activo que en la Subsecretaría que encabeza, en donde le ha quedado a deber no solo a su jefe sino a los grupos civiles que reclaman desapariciones forzadas y otros asuntos que son de su incumbencia.

A ver.