Los signos de descomposición social se hacen cada vez más evidentes con el incremento de linchamientos en el país. La justicia por propia mano se ha convertido en práctica común, lo que pone de manifiesto la creciente dificultad del Estado para mantener el monopolio del uso de la fuerza y garantizar la aplicación de la ley.
En las últimas semanas ha aumentado de manera preocupante el número de casos en los que delincuentes son detenidos en flagrancia por la propia ciudadanía para ser sometidos a golpizas que en muchas ocasiones les ha costado la vida. Llama la atención la rapidez en que las imágenes de estos lamentables hechos han circulado sin control alguno a través de las redes sociales y medios de comunicación.
La violencia colectiva no tiene justificación alguna y de ninguna manera puede ser legitimada. Se trata, en sí, de un ilícito que en muy pocas ocasiones es sancionado. Podría aducirse un hartazgo de la sociedad ante la falta de atención al grave problema de inseguridad, una autoridad ausente, la preocupante impunidad con la que actúan los criminales y el abandono en el que muchos estratos sociales -en su mayoría los más bajos- se encuentran ante una creciente delincuencia que ha tomado el control de distintas zonas del país.
Asaltantes, violadores y extorsionadores son los delincuentes que caen en manos de la comunidad que, a falta de una autoridad que ejerza la justicia con eficacia, prefiere castigar en mano propia a quienes han vulnerado su seguridad. Qué mejor ejemplo que el de un criminal que es detenido por la gente, golpeado, desnudado, atado, tratado como bestia y grabado para ser exhibido como muestra de lo que puede ocurrirle a otros malhechores.
En el Informe especial sobre la problemática de los linchamientos en territorio nacional, publicado en mayo del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que, “al amparo de una percepción equivocada en diversos sectores de la sociedad, en el sentido de que el linchamiento es equiparable a una sanción que las personas imponen a quien las ataca o agrede, estos hechos no se investigan debidamente”.
Al ser un delito, este fenómeno tendría que ser objeto de un castigo para inhibir este tipo de prácticas que, lejos de abonar a la aplicación de la justicia, debilitan a las instituciones. “Es un fenómeno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida”, advierte la CNDH.
Lejos de legitimar este tipo de hechos, como ocurre en muchos casos, éstos deberían ser debidamente documentados y sancionados, algo que se antoja complicado. ¿Cómo justificaría una autoridad que se encuentra rebasada por la delincuencia aplicar la ley a una sociedad que, en ausencia de garantías, se ve obligada a cometer este tipo de actos?
Segundo tercio. En la nueva normalidad escolar resulta escandaloso que ciertos colegios privados exijan a los alumnos el uso de uniforme para los cursos a distancia. Este abuso debería ser castigado ejemplarmente por la Profeco.
Tercer tercio. Exitoso o no, debe ser reconocido el esfuerzo de autoridades, escuelas, padres de familia y alumnos por mantener los cursos a distancia. Nada más importante que cuidar la salud de los estudiantes. En otros países que han optado por el regreso a las aulas comienzan a dispararse los contagios y a registrarse cierres de planteles.
@EdelRio70