A la luz de la Constitución, la consulta ciudadana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es prácticamente imposible de realizar.
Por más que el Presidente incite al “pueblo bueno y sabio’’ a recabar las firmas para llevar a consulta si son enjuiciados los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas hasta “el licenciado’’ Enrique Peña Nieto, la Carta Magna impide que los temas de justicia sean materia de consulta.
El artículo 35 de la Constitución es claro en los alcances de la consulta, sus motivaciones y los asuntos sujetos de ella.
No hay ley secundaria sobre el tema, así que lo que dicta la Constitución no admite interpretaciones y se debe tomar como fue redactada por los legisladores.
El primer impedimento es legal: la justicia no puede ser sometida a consulta.
Si los ex presidentes cometieron delitos, deben ser denunciados, llevar un proceso y posteriormente sentenciados; no hay más.
Tampoco pueden ser motivo de consulta los derechos humanos; en el caso del juicio popular, se está violando el derecho de los sujetos a la presunción de inocencia, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprobaría dicha consulta con base en el artículo 35 constitucional.
En el eventual caso de que la mayoría morenista en el Congreso aprobaran la realización de la consulta -lo cual los exhibiría-, no podrá llevarse a cabo el día de la elección, como pretende el Presidente.
La ley establece claramente que será el primer domingo de agosto la fecha; no es materia negociable la fecha.
Y, en el último de los casos, para que la consulta fuera vinculatoria, tendría que votar cuando menos 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (unos 90 millones en números cerrados), es decir, tendrían que votar 36 millones de mexicanos.
Para que haya esta elección, que no está contemplada en el proyecto de presupuesto aprobado recientemente por el Consejo General del INE, se requerirán cientos de millones de pesos que supuestamente el Gobierno no tiene.
¿Se los proporcionará López Obrador con tal de salirse con su capricho?
En resumen, por más ruido que haga el Presidente, sus seguidores y sus legisladores en torno a esta consulta, no hay materia legal, recursos físicos y económicos, para realizarle.
Es la versión moderna del “petate del muerto’’.
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Dice Gerardo Fernández Noroña que el Partido del Trabajo sumó 7 legisladores más en la Cámara de Diputados para constituirse en la tercera fuerza política y con ello le corresponde presidir el último año de esta Legislatura.
Hasta donde sabemos, el acuerdo que hay entre Mario Delgado y el PRI es que sea el tricolor quien presida la mesa directiva, a partir del primer día de septiembre.
Lo de Fernández Noroña huele más a amenaza a ver qué saca.
Pero no se debe desestimar; ya sabemos de sus actos porriles.
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Por cierto el domingo próximo Morena elegirá en el Senado al presidente de la mesa directiva de la Cámara alta.
Todo está preparado para que el chiapaneco Eduardo Ramírez, que pudo haber sido candidato a gobernador e inexplicablemente dejó pasar a Rutilio Escandón, sea el elegido.
Ramírez se desmarcó del tema de la entrega de dinero al hermano de López Obrador y dijo que sí eso ocurrió, fue responsabilidad de otras oficinas del palacio de Gobierno chiapaneco.
¿Se habrá dado cuenta de lo que dijo?