Dos piezas se acomodaron en el escenario estratégico de la seguridad interior: el arresto y enjuiciamiento en EU del secretario de seguridad del Gobierno de Calderón, Genaro García Luna, y el decreto de mayo para enviar a las fuerzas armadas a reforzar a la seguridad pública en una situación de crisis de la seguridad interior.
Aunque el mismo contexto, se trata de dos temas diferentes: el caso de García Luna fue iniciado en EU, pero ya tuvo efectos en México con la desgenerización no sólo de las policías sobrevivientes, sino con la redefinición de la seguridad pública. El actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, está depurando las policías, pero sobre todo está redefiniendo las doctrinas de seguridad.
El decreto sobre los militares fue una decisión estratégica que se adelantó a la reorganización de los cárteles por la aplicación del modelo de la construcción de la paz y el cese de la persecución de bandas criminales, pero sin desatender la recuperación de zonas territoriales calientes. El caso de Nuevo Laredo con el video parcial de una orden de matar a un presunto civil formó parte de las evidencias de que los grupos criminales están aprovechando la estrategia de paz para conquistar territorios a sangre y fuego.
El saldo de seguridad en dos años de Gobierno puede resumirse en un criterio: las autoridades retomaron el control de las fuerzas de seguridad y de algunos territorios y la violencia es producto de enfrentamientos entre delincuentes y de agresiones a partidas de seguridad que los atrapan in fraganti. El caso de Nuevo Laredo es aislado y tendrá consecuencias penales y la reorganización policiaca federal sigue su curso. Las cifras delictivas parecieron llegar a su techo y han comenzado a bajar sus ritmos.
En cambio, los problemas están en salud y economía.
Zona Zero
- En donde el saldo de seguridad no tiene resultados es en el fuero común. Gobernadores y alcaldes siguen sin atender la necesidad de reorganizar sus fuerzas locales de seguridad, buena parte de ellas aliada al crimen organizado. El Presidente de la República no quiere agregar otro punto de conflicto a su relación con los califatos estatales, pero tendrá que llegar el momento de hacerlo. Y entonces saldrán complicidades que cimbrarán al sistema político.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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