Durante el segundo año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron sancionados mil 811 funcionarios por presuntos actos de corrupción y se impusieron sanciones por 567.2 millones de pesos.
El documento presentado ayer ante el Congreso de la Unión da cuenta que “de acuerdo al registro de Servidores Públicos Sancionados, de septiembre 2019 a junio 2020, las distintas áreas de responsabilidades impusieron 2 mil 261 sanciones a mil 881 servidores públicos”.
Según el desglose, 753 fueron amonestaciones públicas y privadas; 101 destituciones; 808 inhabilitaciones y 446 servidores públicos suspendidos.
Por separado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre septiembre 2019 y junio 2020, inició 66 procedimientos de responsabilidad administrativa, “que representan un aumento de 13%” respecto al periodo anterior.
Se impusieron “mil 709 sanciones a mil 458 servidores públicos de las cuales 609 fueron inhabilitaciones; 64 destituciones; 97 sanciones económicas por 567.2 millones de pesos; 348 suspensiones y 591 amonestaciones públicas y privadas”.
El Segundo Informe de Gobierno reconoce que las dos causas principales de sanciones fue “la negligencia administrativa y el incumplimiento en la declaración patrimonial pero también se impusieron sanciones por violaciones al procedimiento de contrataciones; abuso de autoridad, entre otros”.
En el documento se resalta, sin mencionar su nombre, como logro de combate a la corrupción que el 5 de febrero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la inhabilitación por 10 años contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales.
LEG