En el mes del derecho a saber, resulta oportuno reflexionar sobre la construcción que ha tenido en México, junto con la protección de los datos personales, la rendición de cuentas, el gobierno o estado abierto, la gestión documental, y los sistemas de transparencia, anticorrupción, fiscalización y archivos, para entender dónde estamos y a dónde vamos, en un contexto donde ha sido cuestionado su funcionamiento.

Este tema fue uno de los abordados en el reciente Foro “El estado de los derechos, la democracia y el desarrollo en México”, impulsado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la Red3D coordinada por el doctor en Derecho Raúl Ávila, que versó sobre estos tres ejes.

Si bien a 2020, contamos con leyes, políticas e instancias para ejercer el derecho de acceso a la información, aún se requiere promover su apropiación para que las personas potencien su utilidad, en particular los grupos vulnerables; además de lograr que las instituciones internalicen su protección y lo conciban como generador de confianza.

Las Encuestas Nacionales de Percepción Ciudadana 2018 y 2019 del INAI muestran que en esos años: i) el conocimiento de este derecho se incrementó un 8% (del 75% al 81%); ii) en cuanto a saber si existe una ley que lo regula, se tuvo un decremento de 4.4% (de 68% a 65%); y iii) la identificación de sus instancias garantes se mantuvo en 52%.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019, el 72.4% de la población que solicitó información respondió haberla obtenido. Dicho documento refleja que los portales de internet fueron consultados por el 16.1% de los encuestados, y que el 80.9% de ellos encontró la información que buscaba.

En cuanto al tipo de respuestas, atendiendo a los Informes de Labores del INAI, se observa que de 2017 a 2019, ha habido un incremento del 26.23% en las inexistencias (de 6,933 a 8,752) y que las negativas por clasificación aumentaron un 4.05% (de 3,994 a 4,156). Según dichos reportes anuales, de 2017 a 2019, la cantidad de medios de impugnación de información pública, a nivel federal, aumentó un 69.7% (de 9,954 a 16,892).

El derecho a saber se ha visto afectado por la pandemia. El INAI reportó un decremento de 16.9% en el número de solicitudes recibidas por las instancias federales, pasando de 185 mil 299 a 153 mil 916, del 1° de enero al 16 de agosto de 2020 respecto del mismo intervalo en 2019. En situaciones de emergencia, la garantía de los derechos humanos no debe detenerse; como es el caso del acceso a la información que facilita otros derechos como la salud.

Hoy, gracias a las leyes de transparencia, las personas pueden consultar información que era impensable conocer, han salido a la luz hechos de trascendencia pública sobre recursos y decisiones gubernamentales, se ha avanzado en el empoderamiento de la ciudadanía y en la mejora de las instituciones.

Tras superar obstáculos, la semilla de la apertura logró convertirse en un poderoso árbol capaz de resistir tormentas de opacidad. Si bien sus órganos garantes deben eficientar sus recursos y perfeccionar su operación, si queremos seguir fortaleciendo a la sociedad y Estado mexicanos debemos preservar que ese árbol del saber ciudadano siga en pie, para que continúe dando frutos.

Comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.
Twitter: @navysanmartin