Con pleno respeto a la autonomía universitaria, senadores Morena, Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa para establecer la obligación del Estado a garantizar el derecho a la educación superior.
En el proyecto se establece multas de hasta 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o bien, la clausura del plantel, para los centros educativos denominados como técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado que no cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios o su admisión a trámite u ostentarlos sin haberlos recibido.
Establece que las instituciones de educación superior deberán adoptar “las medidas necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género, así como para la protección del bienestar físico, mental y social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas”.
Con ello, pretenden lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y discriminación, estableciendo protocolos de atención y proporcionando, en su caso, servicios de orientación y apoyo de trabajo social, médico y psicológico.
Plantea que en el Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad.
Y destaca que la transición gradual hacia la gratuidad, “en ningún caso afectará el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ni las finanzas de las instituciones públicas de educación superior”.
Y se aclara que la gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2021-2022.
AR