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El pasado viernes los padres de los 43 normalistas se reunieron con las autoridades federales, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

A diferencia de las pasadas ocho reuniones los padres de los normalistas recibieron las noticias que desde hace varios años están buscando: La verdad histórica no forma parte de lo ocurrido con sus hijos.

En los siguientes días veremos la forma en que los padres de los normalistas serán informados de las nuevas órdenes de aprehensión cumplimentadas, y con ello la narrativa de lo que ocurrió ese 26 de septiembre del 2014 se modificará.

En dicha reunión el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que de manera voluntaria Carlos Gómez Arrieta se había entregado ante las autoridades de la FGR.

Este hombre que se desempeñó como uno de los principales personajes de la policía federal de investigación, de la entonces PGR y de los principales investigadores del caso Ayotzinapa, aparece en un video torturando a uno de los presuntos involucrados en el caso.

Su detención es importante, pues Carlos Gómez Arrieta de querer colaborar con las autoridades podría dar mayor referencia de lo ocurrido.

Pero, la importancia de esta última reunión radica en que por primera vez las autoridades señalarán a militares como responsables de la desaparición de los 43 normalistas. De hecho, las órdenes que faltan por cumplimentarse son contra diversos miembros del Ejército que se presupone participaron en los hechos.

En dicho informe van a explicar una de las hipótesis que se quedó en el aire y que en 2016 insistió en su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa.

En dicho informe los investigadores se plantearon  diversas  interrogantes sobre el papel del Ejército la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, como la presencia de un camión militar en la colonia donde eran perseguidos los sobrevivientes a los ataques, la fotografía de una patrulla militar presente en el lugar donde los estudiantes fueron atacados, la negativa de ayuda a las víctimas que esa noche acudieron al 27 Batallón de Iguala y las contradicciones entre los soldados que participaron en el levantamiento de cadáver del estudiante desollado.

En ese momento GIEI señaló dos datos relevantes que no pudo aclarar por la prohibición para entrevistar a militares. El primero fue que en la calle Juan N Álvarez, donde los estudiantes eran atacados a balazos, había una patrulla militar a las 01:35 horas, según la evidencia fotográfica mostrada por periodistas y sus testimonios. La otra es la presencia de un camión militar en la colonia 24 de Febrero, donde los estudiantes estaban siendo perseguidos por policías municipales.

Estas preguntas parece que tendrán respuesta el próximo 26 de febrero, pero de momento queda no quitar los ojos a todo lo que pueda ocurrir en el caso en los próximos días.