La consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionada por expertos y legisladores de oposición, se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá definir la constitucionalidad de la pregunta que se pretende formular a los ciudadanos.
El martes pasado, el primer mandatario hizo llegar al Senado a través del Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, su solicitud de consulta popular y propuesta de pregunta, misma que fue inmediatamente remitida a la Corte, la cual turnó el asunto, para su estudio, al ministro Luis María Aguilar Morales.
De esa forma, la Corte anunció que resolverá sobre la petición y la pregunta en el plazo que la Ley Federal de Consulta Popular estipula, es decir 20 días naturales; una vez emitido el fallo.
De acuerdo con la legislación vigente, la Corte también podrá “realizar las modificaciones conducentes a la pregunta” y deberá notificar al Senado su resolución.
En tanto, la vía ciudadana para solicitar la consulta, logró entregar (en el límite del tiempo), 2 millones 700 mil firmas que respaldan su petición, que el Senado deberá remitir al INE, para que en un plazo de 30 días naturales, verifique la autenticidad de las firmas.
José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y el Ministro en retiro José Ramón Cossío coincidieron en que no se requiere una consulta para enjuiciar a los expresidente.
“Si existe la posible comisión de un hecho delictivo el Ministerio Público debe investigarlo, no existe requisito de consulta ciudadana”, señaló Fernández de Cevallos.
“Una vez que terminas el cargo, puedes ser acusado por acciones antes, durante o después de su periodo”, expresó Cossío, en entrevista de radio.
En tanto, legisladoras de oposición criticaron la pretensión del Ejecutivo federal para realizar la consulta.
La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, aseveró que López Obrador no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes en caso de que tuviera evidencias de que cometieron un delito. Sin embargo, consideró que en realidad lo que busca con la consulta pública es un linchamiento público con fines políticos.
“La consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta. Es claro que la consulta no tiene fines legales, sino políticos.
La diputada federal Mariana García Rojas (PAN), calificó como “una tomada de pelo” el pretendido ejercicio, y consideró que deberá ser desechada por la SCJN.
“Es un nuevo circo para distraer a la población de su pésima gestión, ahora que el capítulo de la rifa del avión presidencial se cerró”.
“No hay un ápice de sustento legal, ya que el Artículo 35 Constitucional, que rige las consultas populares, estipula que ésta no podrá ocuparse para violentar derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna, siendo uno de ellos la presunción de inocencia, establecido en el Artículo 20”, detalló la legisladora.
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