Como cada día 20, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer las cifras de los delitos cometidos durante el mes anterior. Más allá de confirmar que el homicidio doloso, el feminicidio, la violencia familiar y la delincuencia organizada se mantuvieron al alza en agosto, el problema de las personas desaparecidas y la crisis en los servicios médicos forenses, se menciona esporádicamente en los discursos oficiales, lo que pareciera que no es prioridad para el Gobierno de México.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, el tema de la desaparición de personas no ha recibido la atención prioritaria que necesita, ni se ha dimensionado el impacto que tendría en la pacificación del país, mientras que el estado crítico en el que se encuentran los SEMEFOs ha sido una constante desde hace muchos años, pese a la amplia cantidad de restos humanos sin identificar y las miles personas desaparecidas que hay en México.
Este martes el ONC presentará el estudio “Desapariciones forzadas e involuntarias Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas”, en el que advierte que las acciones gubernamentales para atender la problemática de desaparecidos y en especial la crisis forense han resultado tardías e insuficientes.
De acuerdo a este documento al que tuve acceso, la problemática de las personas desaparecidas y no localizadas en México es un fenómeno en crecimiento vinculado con delitos de alto impacto e incapacidad de las autoridades, que se cuantifica a través de un registro con áreas de oportunidad metodológicas.
El estudio del ONC, considera que este problema es un indicador clave del nivel de violencia extrema imperante en el país, considerando el creciente número de fosas clandestinas donde se han ubicado fragmentos de huesos, lo que demuestra una normalización del uso de sustancias y métodos de desaparición de cuerpos.
El Observatorio Nacional Ciudadano sostiene que la solución de la problemática de desaparecidos involucra, fundamentalmente a tres actores: las instituciones de Gobierno, los familiares de las víctimas y los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
El documento destaca que la labor de los colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos es un factor determinante para entender el cambio cualitativo que han sufrido las políticas públicas diseñadas para atender este fenómeno.
De acuerdo con las necesidades identificadas por el ONC, para solucionar la crisis en los servicios médicos forenses, se recomienda a las autoridades federales y estatales incrementar significativamente el presupuesto destinado a los SEMEFOs, a salarios, equipo y contratación de especialistas con perfiles técnicos requeridos.
El estudio sugiere a la Comisión Nacional de Búsqueda, mejorar la colaboración con las fiscalías para retroalimentar los resultados obtenidos en la búsqueda y seguimiento al plan de investigación en la atención de personas desaparecidas, además de impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y mejorar el trabajo colaborativo con estas.
En ese contexto, es preciso retomar la advertencia del ONC, que considera que el problema de los desaparecidos es un indicador clave del nivel de violencia extrema que impera en el país y relacionarla con lo que el pasado viernes dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sobre que el Cártel Jalisco Nueva Generación busca alianzas con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que operan en la Ciudad de México, que usualmente, reconoció, son generadores de violencia, y con lo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó hace unos días, en el sentido de que el CJNG que fue el grupo delictivo que en junio pasado atentó contra su vida.
@osdtagle