Luego de que se diera a conocer que en la administración de Miguel Ángel Mancera un edificio del centro de Ciudad de México funcionó como un centro de espionaje, hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se han llamado a declarar a 30 personas.
En una video conferencia de prensa Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX informó que la dependencia indaga diversas actividades posiblemente relacionadas con investigaciones de tipo político, realizadas por servidores públicos de diferentes dependencias ajenas a las facultades y atribuciones, que por ley tenían establecido llevar a cabo durante la pasada administración.
Explicó que para ello, especialistas en trabajo de inteligencia y la policía cibernética trabajan diferentes líneas de investigación para aclarar la posible red de vínculos que podrían involucrar a funcionarios públicos de todos los niveles.
“Por instrucciones de la titular de la institución Ernestina Godoy Ramos se formó un grupo especial multidisciplinario integrado por: Agentes del Ministerio Público, policías de investigación con diferentes especialidades, así como personal de la coordinación general de investigación forense y servicios periciales”, dijo Lara.
En ese sentido, dicho grupo a cargo de la coordinación general de investigación estratégica se encargará de llevar a cabo las indagatorias de dichas actividades posiblemente desarrolladas en un inmueble ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling en la colonia doctores.
En tanto como parte de las diligencias llevadas a cabo se ha integrado la declaración de al menos 30 personas.
Ademas el vocero señaló que trabajos de gabinete y campo son ejecutados por la policía de investigación y la policía Cibernética, así como diversos dictámenes periciales.
Asimismo reveló que ya se realiza el análisis forense de diversos equipos de cómputo y archivos para ubicar información relacionada a las distintas actividades.
Aseguró que la fiscalía será impecable para investigar todas las vertientes de actos que constituyen la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos de todos los niveles, desde el uso de recursos para fines distintos a los que fueron asignados, hasta la colusión de funcionarios para realizar conductas al margen de la ley en detrimento de la Administración pública y la ciudadanía.
“En la Fiscalía no permitiremos que quién hayan usado las capacidades para la procuración de Justicia o de cualquier otra encomienda de la Administración Pública para fines distintos, a que la propia normatividad les haya encomendado, no reciban el castigo que la ley señala por lo que investigaremos a fondo hasta llegar a las últimas consecuencias”, concluyó Ulises Lara.
TFA