El discurso del combate a la corrupción, se le cae a pedazos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se niega a aceptar que, en su gobierno, también existen los hechos de corrupción; algunos, solapados.

En poco menos de dos años de su administración, López Obrador ha tenido que aceptar la renuncia de 11 integrantes de su gabinete, nueve de ellas ante la corrupción que no estuvieron dispuestos a tolerar y aceptar, así como por abuso de autoridad.

La semana pasada, Jaime Cárdenas renunció a la titularidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que ha sido el emblema del presidente, para convertirse en el salvador de los que menos tienen, al devolver a diversos sectores, los recursos que se obtienen a través de subastas de bienes decomisados a delincuentes o presuntos delincuentes.

Los argumentos externados por Cárdenas en su renuncia, refieren irregularidades administrativas como mutilación de joyas decomisadas, contratos favorables a empresas y no al INDEP y conductas contrarias de servidores públicos, problemas que calificó como retos de difícil solución.

Y se suma, a la del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa y de Germán Martínez al IMSS, quienes denunciaron injerencia de otros funcionarios en sus dependencias.

Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Mara Gómez Pérez, ex directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Asa Christina Laurell ex subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud; así como Javier Jiménez Espriú ex secretario de Comunicaciones y Transportes (STC) y Víctor Manuel Toledo, ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; renunciaron a sus cargos por no aceptar las imposiciones del Ejecutivo federal, que violaban la esencia de las políticas de sus dependencias.

Y no olvidar a la ex secretaria de Medio Ambiente, Josefa González-Blanco, quien tuvo que renunciar, luego de exigir a la empresa Aeroméxico, retrasar un vuelo, para poder alcanzarlo.

De esa manera, los que se atrevieron alzar la voz y criticar las formas del gobierno que se dice diferente, se vieron obligados a renunciar; mientras que personajes como Manuel Bartlett o Irma Eréndira Sandoval, a quienes se les ha investigado y denunciado por presuntos actos de corrupción, siguen como intocables en el actual gobierno.

Sólo habría que recordar a los que renunciaron, que las denuncias en cartas no bastan, que es necesario demandar ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes, de lo contrario queda claro que, la corrupción, también es un mal de la 4T.