Hablar de la estabilidad en las finanzas públicas se ha convertido en los últimos años en una especie de tópico de análisis obligado para cualquier circulo de opinión serio. Describir la cantidad de dinero que se gasta en el ejercicio de la acción pública y sus correspondientes vertientes, siempre será un tema que levante mucha polémica y euforia ideológica en cualquier país que se cite.
Más allá de dichos fenómenos, es conveniente tratar de disociar los elementos técnicos de la parte política para profundizar más acerca de la manera en que se ha gastado el dinero del ejercicio público, durante el contexto de la emergencia sanitaria, que se vive hoy en día; así como todos los escenarios que podrían venir en materia económica para todos los gobiernos en sus diferentes niveles.
Entre el primero y segundo trimestre del año, la deuda de los gobiernos estatales y sus entes fue a la baja en 0.2% real, mientras que la de los municipios y sus instituciones cayó 0.4%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lo anterior implicó una reducción de 1.4 mil millones de pesos durante el perÍodo, de modo que, hasta junio de 2020, la deuda pública total de los gobiernos estatales y municipales sumó 596 mil 398 millones 100 mil pesos. Un saldo de financiamiento que, además, fue 1.6% inferior al registrado al cierre del segundo trimestre de 2019.
Los resultados indican hasta este punto que las finanzas de las administraciones locales aguantaron el primer golpe de la crisis económica agravada con el Covid-19.
Sin embargo, la emergencia sanitaria metió presión al presupuesto de los diferentes niveles de Gobierno. Por un lado, porque el dinero que reciben las administraciones locales por parte de la Federación tuvo un recorte de 7.8% real entre el primer y segundo trimestre del año. Por otra parte, porque el coronavirus generó gastos perentorios que agravaron el espacio fiscal de los distintos niveles de Gobierno.
Ambas causas desembocan en el mismo lugar: reorientación del gasto público provocado por una recesión económica mundial que ha llenado de incertidumbre la viabilidad financiera de los grandes proyectos de infraestructura de esta administración y ha puesto en aprietos la sustentabilidad económica de sus programas sociales.
Ahora bien, es importante considerar que aunque las administraciones locales acordaron evitar endeudamientos innecesarios –sobre todo en gasto corriente, que es violatorio de la ley– y ejercer políticas de austeridad sin menoscabo a programas sociales, y a pesar de que el Gobierno federal ofreció recursos adicionales para la atención de las poblaciones más vulnerables, e incluso, medidas de reestructuración de deuda pública a través de la banca de desarrollo social, algunas entidades federativas no pudieron evitar un mayor endeudamiento.
Su contexto social y su rezago en infraestructura en muchos casos, lo justifica.
En el caso de los gobiernos municipales y sus instituciones, el incremento fue de 153.3 a 0.2% real, en un orden de mayor a menor grado las entidades son las siguientes: Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, México, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California Sur, respectivamente. Los márgenes en este rubro muestran una realidad heterogénea muy compleja.
A nivel estatal y de acuerdo con el Sistema de Alertas de la SHCP, la mayor parte (26) de las entidades federativas –sin considerar a Tlaxcala, cuyo Gobierno estatal no puede contratar deuda por ley– tienen un nivel de endeudamiento sostenible. Sólo Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo, presentan un grado de endeudamiento en observación, por lo que por ley y a diferencia del resto de los estados, tienen restricciones para aumentar su deuda (5% adicional con respecto a sus ingresos de libre disposición).
Ahora bien, la deuda pública no es positiva o negativa en sí misma, pero implica problemas o abusos cuando los distintos niveles de Gobierno la usan para cubrir necesidades de corto plazo relacionadas con gastos corrientes (bienes y servicios que no incrementan el patrimonio del estado o el municipio). En cambio, la deuda puede impulsar el desarrollo cuando es utilizada para inversiones productivas y de gasto en capital (como la infraestructura pública, por ejemplo).
Por último, cabe recordar que un aspecto relevante con respecto a los márgenes de endeudamiento gubernamental es la capacidad de pago que los organismos tengan para enfrentar las adversidades, o bien, la capacidad para respaldar el débito y sus intereses con los ingresos locales y las transferencias del Gobierno federal que puedan recibir. Aunque si estos mecanismos no son perfectamente monitoreados, la administración de la hacienda pública en cualquier nivel de Gobierno será deficiente y generará serios problemas en la gestión pública.
Habrá que esperar el balance económico de la segunda mitad de este año, para poder proyectar con una cantidad superior de elementos, la viabilidad o no, de muchas acciones de esta administración.
@Drlmma56