Bajo el argumento de que eran simplemente nidos de corrupción -sin que hubiera pruebas o denuncias presentadas al respecto-, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se afanaba, hasta el cierre de este espacio, en elaborar un dictamen a favor de la extinción de 110.
La propuesta original había sido desaparecer 55, pero durante la sesión de la Comisión de Presupuesto el número se incrementó a 109, lo que daría al Gobierno la cantidad de 68,000 millones de pesos que podría utilizar como mejor le parezca.
Sin embargo, avanzadas la noche y la discusión, Morena sumó, en un auténtico albazo, un fideicomiso que no estaba incluido en la lista, el Fondo de Salud para el Bienestar, que contempla 97,000 millones de pesos para enfrentar las enfermedades crónico-degenerativas en el país.
Así que si la iniciativa prosperara, el Gobierno tendría una bolsa de 165,000 millones de pesos de los que podría disponer a discreción.
El asunto es que, si bien la iniciativa establece los motivos para desaparecer los fideicomisos, no indica en qué serán utilizados esos recursos.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y quien se juega en este lance la presidencia de su partido -lo saca o lo saca-, aseguró que la extinción de los fideicomisos “no implica la desaparición de las obligaciones legales sino que se trata de un cambio administrativo en el manejo de los recursos’’.
¿Para qué quiere el dinero el Gobierno?
Según el diputado Delgado, los recursos serán destinados a la compra de material y equipo médico y para el pago de las vacunas comprometido por el presidente López Obrador.
El mandatario aseguró el sábado anterior que la Secretaría de Hacienda contaba con una bolsa de 20 mil millones de pesos para el pago de las vacunas, pero el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, negó que en el presupuesto para el próximo año hubiera una bolsa de ese tamaño para ese objetivo.
La oposición a la extinción de los fideicomisos, que parece inevitable por el número de legisladores que suma Morena con sus aliados, tiene que ver con el hecho de que no existe claridad en cómo serán utilizados esos recursos ni cómo es que se garantizarán las obligaciones legales para los beneficiarios de los mismos.
Es cierto que se acabaron los guardaditos, pero como sucede en todas las casas, siempre hay que buscar monedas dentro de los sofás.
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El visitador General de la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí, Juan Alberto Camarillo Zavala, afirmó que las denuncias por quebranto patrimonial en contra del ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez no las han podido probar los “asesores victimales’’.
Dicho en castellano, las cuatro denuncias presentadas por el actual ayuntamiento encabezado por Xavier Nava en contra de Gallardo por supuesta malversación no han prosperado, porque los síndicos municipales no han aportado las pruebas suficientes.
El funcionario explicó que los reclamos de Nava “por la omisión o lentitud’’ de parte de la Fiscalía para investigar a Gallardo carecen de sustento pues para seguir avanzando en la investigación se requiere probar el quebrando a través de un procedimiento administrativo que depende de la Contraloría.
“Considero que los asesores victimales están mal informando al alcalde y ese es el motivo por el cual señale lentitud; le están proporcionado información no precisa’’, dijo.
Igual el pleito se trata de la legalidad y el bienestar del municipio, pero en el fondo está la lucha por la gubernatura el próximo año.
LEG