El equipo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro redactó un proyecto de ley “antibloqueo” que, amparándose en la lucha contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, busca ampliar sus poderes para pactar de forma confidencial nuevos negocios petroleros, dijeron fuentes conocedoras del tema.
La propuesta legal, vista por Reuters y que Maduro entregó este martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna revisión. Este tipo de convenios suele evaluarlos el Parlamento, que ahora controla la oposición.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo el jueves en la televisión estatal que la intención del texto legal es la búsqueda de “inversiones” para el sector petrolero mediante “mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras”.
El documento autoriza modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la petrolera PDVSA creó con mayoría de acciones en sociedad con compañías privadas nacionales y extranjeras. La reforma, según abogados consultados, busca ofrecer más libertad en el área petrolera para sortear las sanciones.
Según la propuesta, el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”. El artículo mencionado es el referente a la actividad de PDVSA.
“Las cláusulas sobre inversión que están en la ley están abriendo a un nuevo régimen de contrataciones, a nuevas formas de seguridad jurídica y resolución de conflictos”, dijo Hermann Escarrá, un influyente constituyente cercano a Maduro. “La apertura es general, no solo a entidades privadas, sino a empresas que tienen origen gubernamental”, agregó.
El texto, que la Asamblea Constituyente aprobaría en su próxima sesión, no detalla qué porcentaje de participación mantendría la estatal petrolera en futuras alianzas y si será menos del 50% que tenía hasta ahora.
Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, conocedoras del tema, señalaron que el principal interés del gobierno con el proyecto de ley es ceder manejo en el negocio petrolero. Uno de los artículos permite eliminar las “restricciones en la comercialización” de algunos bienes, lo que podría facilitar a privados el comercio de gasolina, agregaron.
En la ley “hay una cantidad de enormes facultades para asociarse con empresas privadas extranjeras o gobierno extranjeros. No hay control legislativo”, dijo el abogado Juan Raffalli, quien agregó que incluso se permitiría la disposición de activos como garantía en posibles acuerdos.
El Gobierno enfrenta serios problemas financieros por la caída de la producción petrolera y los efectos de las sanciones de Washington en la comercialización del crudo, que intentan presionar su salida del poder.
La nueva ley “antibloqueo” también permitiría revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez, mentor de Maduro. Esa ola de nacionalizaciones llevó a las compañías afectadas a demandar en cortes internacionales millones de dólares en indemnizaciones.
“Si la nacionalización no generó beneficios, hay que buscar fórmulas para no tener un cementerio de infraestructuras”, dijo el constituyente.
Para la devolución de las empresas ocupadas el gobierno impondría condiciones como el pronto aumento de la producción, de acuerdo con el documento. Abogados consultados señalaron que con ese esquema la administración de Maduro estaría evitando que las sanciones impacten en otras empresas estatales.
Las nuevas facultades que tendría Maduro contemplan un “régimen transitorio en materia de clasificación de documentos” en el cual estarían los acuerdos petroleros, señaló Escarrá.
PAL