Por: Daniela Wachauf, Karina Aguilar, Jorge X. López y Ángel Cabrera

 

Con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero modificó la pregunta que hacía alusión a cinco exmandatarios y dejó fuera sus nombres.

La pregunta será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ayer los ministros votaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar que refería como inconstitucional la propuesta, argumentando que la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de los mexicanos, entre otros puntos.

En su intervención, el ministro presidente Arturo Zaldívar se pronunció a favor de la consulta y calificó como falso que implique una exposición mediática estigmatizante y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen.

“Por otra parte, tampoco comparto el que la consulta va a provocar una presión desmesurada sobre las autoridades de procuración e impartición de justicia, pues éstas podrían sentirse obligadas a actuar de un modo u otro derivado del resultado; lo cual, en última instancia, también pondría en tela de juicio la presunción de inocencia”.

Dijo que no les corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad del marco constitucional.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se manifestó a favor de la constitucionalidad de la consulta y destacó que no puede limitarse a la ciudadanía el participar en las decisiones públicas en el combate a la corrupción.

Indicó que la petición responde a expresiones relacionadas con las responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados servidores públicos, y esta materia no es de las prohibidas por la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución.

En contraste, la ministra Norma Lucía Piña Hernández afirmó que este ejercicio es inconstitucional porque pretende consultar si las víctimas tienen derecho a que se respeten las garantías y acceso a la justicia.

Horas antes de que la Suprema Corte resolviera sobre la constitucionalidad de su petición, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que no se le debía quitar al pueblo su derecho a decidir.

Tras el aval de la Corte para realizar una consulta pública, independientemente de la pregunta, ésta se realizaría el 1 de agosto de 2021, luego de que la avale el Congreso, y su organización implicaría un gasto de al menos 8 mil millones de pesos que, de acuerdo con expertos, es un gasto innecesario.

Para Miguel Carbonell, experto constitucionalista, el fondo sigue siendo el mismo, la consulta será sobre aplicar o no la ley, por lo que la consideró un gasto inútil.

El abogado y exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la entonces PGR, Jorge Alberto Lara Rivera dijo que la nueva pregunta es ociosa y van a ejercer alrededor de ocho mil millones de pesos.

“Es una pregunta que nadie en su sano juicio respondería en sentido negativo, la nueva pregunta no es necesaria es un desperdicio de dinero y recursos porque si la respuesta es afirmativa por qué esperar un año a que las autoridades hagan su trabajo que ya pudieron haber hecho desde ahora”.

El abogado constitucionalista y académico del ITAM, Marcos Perafán Gómez, señaló que la consulta fue constitucional y la pregunta tuvo que ser convertida a una que respetara la generalidad, la impersonalidad y la abstracción de una ley.

“Lo que la Corte dejó claro es que la pregunta propuesta por el presidente era inconstitucional, de ahí que la cambió por completo”, declaró.

Divide opiniones en partidos

Legisladores de oposición acusaron que la SCJN se prestó al juego del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer una consulta popular a pesar de la inconstitucionalidad de su pregunta, por lo que tuvieron que hacer “maromas” para modificar por completo el cuestionamiento.

El senador del PAN Damián Zepeda declaró que fue “tan ilógico lo que decidieron (los ministros), que tuvieron que hacer maromas jurídicas para terminar con una pregunta que es completamente absurda y ridícula”, declaró.

En tanto, la senadora del PRI, Claudia Anaya, señaló que la consulta era perversa de origen. “Con una intención perversa de origen y creo que la Corte se prestó indebidamente a facilitar esta pregunta del presidente”.

Mientras que el coordinador de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal, garantizó que actuarán con apego a la ley y al Estado de Derecho. “No les quede ninguna duda: la mayoría legislativa en el Senado, actuará con sensatez y prudencia para continuar el trámite legislativo, que la Constitución y la ley determinan”, señaló.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se congratuló por la resolución de la SCJN que resolvió a favor de la constitucionalidad de la consulta ciudadana.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) celebró que, a su juicio, la Corte haya sido sensible a los reclamos históricos del pueblo que exige justicia por los saqueos que los exmandatarios hicieron al país.

El coordinador parlamentario apuntó que la petición de consulta sobre juicio a los expresidentes se basó en la óptica de que México ya cambió y “el pueblo está muy atento, quiere que se haga justicia en el caso de los expresidentes que saquearon a nuestro país”.

Resaltó que el Presidente de la República siempre ha dicho que uno de los objetivos de la 4T es que se viva en una auténtica democracia, “y una auténtica democracia es donde la gente toma las principales decisiones del rumbo del país a través de la consulta popular”.

Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, René Juárez, dijo que respetan la determinación del Máximo Tribunal del país, “podemos compartirlo o no, en lo personal no la comparto”.

Acerca de la pregunta que reformuló la Suprema Corte, el legislador la calificó de confusa, “y lo confuso, genera confusión”.

En tanto, el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés consideró como muy lamentable la resolución de la SCJN “porque es a todas luces ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Presidente”. Además, expuso que con esa decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo.

El panista reiteró que si algún expresidente incurrió en algún delito, sin consulta alguna de por medio, se le debe denunciar, y en caso de resultar responsable, juzgarlo como lo marca la ley y la Constitución.

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