En las últimas fechas, la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera ha sido acreedora de diversos reveses jurídicos por parte del Poder Judicial de la Federación, como consecuencia de los aseguramientos que ha realizado a distintas cuentas de personas físicas y morales que presuntamente contienen dinero proveniente de orígenes ilícitos.
Esa situación, ha generado un descontento en su titular y en diversas instituciones quienes alegan que, el poder judicial está indebidamente interpretando criterios jurisprudenciales que permiten que políticos y empresarios obtengan recursos de procedencia dudable gracias a sus equipos legales.
Un claro ejemplo es el equipo de abogados que encabeza Salvador Padilla, quien, junto con sus abogados, Eduardo Hernández, y demás personas, forma parte de por lo menos, la defensa de dos ex gobernadores y de muchos empresarios afectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, y que han permitido la liberación de enormes cantidades de recursos.
Situación que, en sus palabras, está justificada por ” el respeto irrestricto de la presunción de inocencia como pilar constitucional del Estado Mexicano y la extralimitación de la Unidad de Inteligencia Financiera al buscar investigar delitos, situación que solo compete a los ministerios públicos.
Esa situación, ha permitido liberar las cuentas de diversos personajes controvertidos, entre ellos, el empresario Kamel Nacif Borge, a quien le liberaron cerca de 800 millones de pesos, y quien es acusado del delito de tortura en agravio de una periodista, entre otros políticos y empresarios de gran nivel.
Al parecer, este efecto de liberación de cuentas es un tema que empieza a tomar mayor relevancia, por las derrotas que está teniendo en los tribunales las autoridades, y por la pronta liberación de recursos presuntamente provenientes de fuentes ilícitas, situación que representa una disyuntiva legal y que hace necesario, una revisión de caso por caso.