La Secretaría de la Contraloría General solicitó como medida cautelar, la suspensión temporal del cargo de Édgar Rodríguez Silva, jefe de la Unidad Departamental de Vía Pública y del subdirector de Mercados y Vía Pública, Juan Antonio Sandoval Aguirre.
La Secretaría de la Contraloría destacó que luego de las diligencias de investigación realizadas, se recabaron elementos respecto a la autorización para la colocación de puestos en la vía pública en el Centro Histórico de Coyoacán.
Dicha sanción, la cual les fue notificada el cinco de octubre del año en curso, se encuentra en el expediente radicado por el OIC con fecha 01 de octubre del presente, mismo que se integra por la presunción de faltas administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
El plazo de la suspensión permanecerá vigente, en tanto no se emita la resolución definitiva.
Cabe destacar que Édgar Rodríguez Silva, autorizó que partir del 26 de septiembre puestos ambulantes pudieran instalarse en calles cercanas al Centro Histórico de Coyoacán, lo que generó la molestia de los vecinos de la zona.
Por su parte, Juan Antonio es señalado por comerciantes y vecinos establecidos de fomentar, a cambio de cuotas, el ambulantaje en toda la alcaldía.
Antecedentes
Cabe recordar que éste no es el primer caso de este tipo en la presente administración de la alcaldía Coyoacán, gobernada por Manuel Negrete, pues en febrero de 2019 Eduardo Ramírez Vallejo, exasesor del alcalde, y Ramón Gildardo Flores Ramírez, quien fungía como concejal en la demarcación, aceptaron pagar la reparación del daño tras ser acusados de extorsionar a comerciantes para permitirles que instalaran una feria en la Alameda del Sur.
Y es que las pruebas en su contra obligaron a los imputados a solicitar un acuerdo reparatorio, consistente en el pago de 100 mil pesos por reparación de daños y 30 mil por perjuicios.
Los denunciantes, dueños de una feria de juegos mecánicos, señalaron que un grupo de funcionarios, entre ellos Ramírez y Flores, asesor y concejal, respectivamente, les solicitaron un pago superior al medio millón de pesos para permitirles instalarse.
CON INFORMACIÓN DE REDACCIÓN
EAM