Los diputados de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados concretaron la desaparición de 109 fideicomisos por un monto cercano a los 70,000 millones de pesos.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el diputado de Morena Iván Pérez Negrón, presentó una reserva en la que insiste en que también se liquide el fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar -antes Fondo para Enfermedades Catastróficas- que administra el Insabi.
Este fideicomiso tiene recursos cercanos a los 100,000 millones, lo que dejaría al Gobierno una bolsa de 170,000 millones de pesos para que los utilice a discreción.
El tema es que por más que los diputados de Morena, encabezados por Mario Delgado y hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador han prometido a los beneficiarios de esos fondos que su dinero “está garantizado’’ y que no deben de preocuparse, ni deportistas, ni artistas, ni investigadores, ni periodistas, ni defensores de derechos humanos, les creen.
¿Y cómo podrían creerle si, por una parte, les dicen que los recursos “están garantizados’’ y por la otra se asegura que los recursos serán para la compra de medicamentos?
Por lo pronto, la participación de México en los Juegos Olímpicos está en veremos; ni se diga de los proyectos cinematográficos o teatrales.
Pero lo más importante, los proyectos de investigación que tanto necesita el país están en el aire ante la incertidumbre del manejo de los recursos que hasta ayer tenían un destino etiquetado.
****
El poderoso jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, le quitó el interés a la llamada “consulta popular’’ al reconocer que los delitos por los que podrían ser juzgados Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, prescribieron.
Nada dijo de Ernesto Zedillo pero aclaró que los únicos ex presidentes que pueden ser llevados ante la justicia son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Nieto aseguró que si bien Salinas y Fox no son sujetos de un proceso jurídico, por lo menos podrían evidenciarse sus excesos y actos de corrupción a través de una Comisión de la Verdad.
Como sea, el queretano no pierde el tiempo; desde hace meses tiene en la mira el caso de Oceanografía y a los directivos de la empresa de Amado Yáñez, quien por medio de su operador Oliver Fernández sigue cuidando los intereses de la familia de Francisco Gil.
Ojo con ese asunto.
****
La mayoría morenista en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores aprobó, en una sesión extraordinaria, que la consulta popular avalada por la Corte “tiene trascendencia nacional’’.
Esto significa, que el Senado avanzó en el proceso de reconocimiento al mandato de la Corte y solo falta que el dictamen aprobado ayer sea aprobado en el pleno, de donde pasará a la Cámara de Diputados que también tiene que avalar “la trascendencia nacional’’.
Nomás que hay un detalle.
El Senado tiene que emitir la convocatoria para la realización de la consulta que, constitucionalmente, deberá ocurrir el primer domingo de agosto del 2021, dos meses después de la elección intermedia.
Pero sucede que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para modificar la Constitución a efecto de empatar la elección federal con la consulta popular.
El pretexto es que se ahorrarían así los 8,000 millones de pesos que costará la locu, perdón, la consulta popular.
Ya la oposición le dijo que eso no va a pasar y que si quieren ahorrarse esos 8,000 millones de pesos entonces que la cancelen, lo cual suena más razonable.
LEG