Al denunciar las irregularidades con las que se creó y ha operado el sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que el Gobierno de Puebla tiene procedimientos penales iniciados por la corrupción detectada de las gestiones de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad e irán a fondo para fincar las responsabilidades correspondientes.
En la habitual conferencia de prensa, el mandatario reveló que en cada obra y dependencia estatal que su gobierno ha investigado, se han detectado enormes hechos de corrupción, siendo de las más graves la de este sistema de movilidad la cual implicaría una erogación de 234 mil millones de pesos en beneficio de las empresas, durante los casi 28 años que dura la concesión, lo cual representa un serio daño a las finanzas públicas del estado.
Comprometió su palabra para ir a fondo en las investigaciones correspondientes a las que estamos obligados, el cumplimiento, la proyección y la ejecución de este modelo de negocios, provoca la anulación del gobierno, “es una corrupción monstruosa”, calificó.
Barbosa Huerta garantizó que los usuarios no se verán afectados en tanto se restablece todo el sistema de operación en el cobro del servicio.
RUTA CONSTITUYE UN MODELO DE NEGOCIO CREADO CON DOLO Y CON SOBREPRECIOS: CCP
En su intervención, el director general del Sistema Estatal de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), Rodolfo Chávez Escudero explicó que RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado con dolo y con una sobreestimación y sobreprecios tanto en obra como en operación y concesiones, por lo que la actual administración y los siguientes gobiernos tendrían que pagar, si no se hacen los ajustes, hasta 234 mil millones de pesos a los concesionarios en un plazo de 28 años.
Explicó, que en caso del recaudo a cargo de la empresa Conduent Solutions ellos retienen el 38 por ciento del cobro total que se hace a los usuarios por el servicio. Mientras que la empresa Cinco M Dos, quien obtuvo por 20 años la concesión para la publicidad, no otorga ni un solo peso al estado y no cumplió con el compromiso de ofrecer internet en paraderos y unidades para las y los usuarios.
Además, en el costo de los servidores para el registro de los cobros, se identificó un sobre costo de casi 2.5 millones de dólares ya que su cotización actual en el mercado, es de 680 dólares máximo, y la empresa reportó un precio unitario de 19 mil 708 dólares, es decir inflaron su valor 29 veces.
Chávez Escudero refirió que los costos de operación también fueron diseñados de manera ventajosa siempre para los concesionarios, de tal forma, que siempre sería el estado, quien pagara más y los inversionistas, aportaran menos.
Comentó que BANOBRAS informó que para RUTA se debían constituir dos fideicomisos (infraestructura y operación); sin embargo, el gobierno referido solo estableció el de infraestructura, del cual, el de la Línea 1 sigue funcionando, el de la 2 quedó inactivo y el de la 3 ni siquiera fue conformado.
El titular del organismo Carreteras de Cuota recordó que fue en el 2011 cuando, para estar en condiciones de iniciar la implementación de la Línea 1, se firma el convenio de apoyo Financiero con el Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN de BANOBRAS, por el entonces gobernador constitucional del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas; Fernando Luis Manzanilla Prieto, Secretario General de Gobierno; Roberto Juan Moya Clemente, Secretario de Finanzas; José Cabalán Macari Álvaro, Secretario de Administración; José Antonio Gali Fayad, Secretario de Infraestructura; y Bernardo Huerta Couttolenc Secretario de Transportes.
En los rubros que comprende la inversión privada, explicó Chávez Escudero, se observa que el equipo de transporte reporta una inversión de 200 millones de pesos, cifra que presenta un sobrecosto del 6% respecto a las facturas de unidades que se presentaron.
INCOSTEABLE EL MANTENIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS POR EL MANEJO ABUSIVO DEL CONVENIO: FINANZAS
A su vez, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro señaló que el mantenimiento de las cláusulas por el manejo abusivo del convenio, generaría una presión en las finanzas públicas por las diversas variables involucradas: precio en el diésel, salario mínimo, tipo de cambio e inflación.
En ese sentido, refirió que es incosteable para el Gobierno del Estado el pago de estas cancelaciones por las fórmulas establecidas en las administraciones pasadas; dijo que se tendría que recurrir al endeudamiento, lo cual quebraría las finanzas de la entidad: “tendríamos que desaparecer el gobierno para solamente hacerle frente a una obligación”, puntualizó.
fahl