Foto: Cuartoscuro/Archivo La posibilidad de modificar la Constitución como propone el senador Ricardo Monreal para empalmar la consulta con las elecciones, resulta no sólo ilegítima sino además caprichosa  

Respecto al tema de la consulta popular y derivado de la sesión del Consejo General del INE, donde el senador Juan Antonio Martín del Campo es represente, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, encabezados por su coordinador, Mauricio Kuri González, se pronuncian en los siguientes términos:

La consulta popular será el primer domingo de agosto del año 2021, es la fecha prevista en la Constitución, que no podrá ser modificada para celebrarla el 6 de junio de 2021, toda vez que ya se inició el proceso electoral.

La contienda electoral empezó a principios de septiembre del 2020, por lo tanto, jurídicamente es imposible cambiar las reglas, procesos y procedimientos ya establecidos, porque generaría incertidumbre jurídica a los participantes. No caigamos en las artimañas de los senadores de Morena, que sólo quieren distraer mediáticamente para lograr la extinción de 109 fideicomisos.

El proceso electoral debe estar garantizado con reglas de juego claras, toda vez que se trata de la elección más grande que el país haya tenido; por ello, resulta indispensable que el mismo siga su curso sin sufrir cambios. Es mentira que se pueda reformar el proceso electoral.

La posibilidad de modificar la Constitución como propone el senador Ricardo Monreal para empalmar la consulta con las elecciones, resulta no sólo ilegítima sino además caprichosa y tendenciosa, en razón de que no se puede modificar la Constitución a modo. Adicionalmente, las reformas a la Carta Magna no deben tener tintes políticos, como se puede apreciar claramente con los pronunciamientos de la bancada de Morena.

Es importante mencionar que, como lo ha señalado la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional: nosotros como senadores, y la mayoría de los mexicanos, estamos a favor de que se enjuicien a los expresidentes si se presentan pruebas para ello, pero no coincidimos en que se gasten 8 mil millones de pesos en una consulta absurda.

 

 

EFVE