Jorge Eduardo N., exdirector general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse), durante la gestión de Miguel Ángel Mancera (MAM), fue detenido por elementos de la Fiscalía de Justicia capitalina.
Los agentes ubicaron al hoy aprehendido en el estado de Querétaro, por lo que se solicitó la colaboración de la Fiscalía de aquel estado y elementos de la Policía de Investigación capitalina se desplazaron a esa entidad para asegurarlo en el municipio de Corregidora, y luego trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Según la indagatoria integrada por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Jorge Eduardo “N” posiblemente participó en la contratación indebida de empresas privadas para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19-S de 2017, en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.
El detenido, junto con Enrique Takahashi Villanueva, exdirector de Licitaciones de Obras Públicas, y Gerardo Báez Pineda, exdirector general de Construcción de Obras para el Transporte, posiblemente otorgaron contratos por más de 12 millones y más de tres millones pesos a dos empresas de la construcción.
El primer contrato fue otorgado a una empresa encargada de la reconstrucción de dos edificios en el Multifamiliar Tlalpan, que demolió dos inmuebles en la colonia Parque San Andrés.
Mientras que el segundo contrato de demolición fue para otra constructora, para un inmueble ubicado en Concepción Béistegui, colonia Narvarte.
El 21 de septiembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se continúa con las investigaciones para capturar a otros exfuncionarios que trabajaron en la gestión de Mancera.
En tanto, ya hay seis exfuncionarios presos por diversos desvíos de recursos públicos y otros delitos, como Enrique Takahashi y Miguel Ángel Vázquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas.
Apenas el 20 de septiembre, la Fiscalía capitalina emitió una orden de aprehensión contra Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la extinta Agencia de Gestión Urbana, así como contra varios de sus colaboradores, por un probable detrimento económico de aproximadamente 29 millones 454 mil 238 pesos a la hacienda pública local.
Otro funcionario de Mancera que cuenta con una orden de aprehensión es Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda, por uso ilegal de atribuciones y facultades al hacer una compra indebida de un inmueble para ese organismo.
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