El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que el Plan de Infraestructura, presentado hace unos días por el Gobierno federal, requiere de políticas públicas apegadas al Estado de derecho, “sin discrecionalidad ni arbitrariedad”.
En su informe semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que si bien la inversión es el principal motor de crecimiento económico y creación de empleos, debe de garantizarse la certidumbre al capital destinado a los proyectos que integran dicho Plan.
“La infraestructura, aunque provista por la iniciativa privada, debe asegurar su rentabilidad económica y social. Particularmente, durante esta administración (el sector privado) ha insistido en participar en proyectos de infraestructura que ayuden a la productividad y competitividad del país”, indicó.
Agregó que a pesar de los esfuerzos de autoridades para llevar a cabo el Plan, son los ciudadanos y los contribuyentes quienes pagan el costo de la infraestructura.
Por otro lado, refirió que desde hace varios años el sector privado ha insistido en que la inversión es el principal motor de crecimiento económico, por lo que es fundamental asegurar el mejor entorno para estimular el flujo de recursos productivos.
“Sin embargo, a lo largo de mucho tiempo los inversionistas han tenido que enfrentar diversas circunstancias que han limitado considerablemente el flujo de inversión. Actualmente parece que dichos obstáculos se agudizan principalmente por motivos políticos”, alertó.
Recordó que la inversión total representa 17.1%, prácticamente ocho puntos porcentuales por debajo de lo que se ha señalado como necesario para que la economía creciera 4% anual de manera constante.
“Durante esta administración particularmente, el sector privado ha insistido en participar en proyectos de infraestructura que, además de apoyar la función del sector público y la estabilidad de sus finanzas, contribuya a mejorar la productividad y competitividad del país”, aclaró el organismo de análisis empresarial.
Las críticas
- A pesar de los esfuerzos de autoridades, son los ciudadanos y los contribuyentes quienes pagan el costo de la infraestructura.
- La inversión total está ocho puntos porcentuales por debajo de lo necesario para que el PIB crezca 4% anual.
- Los inversionistas enfrentan obstáculos que se agudizan principalmente por motivos políticos.
AR