El General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde de ayer en el Aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, informó el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.
Ebrard precisó que a su vez fue informado del hecho por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
El secretario de Relaciones Exteriores añadió que estaba a la espera de más información de parte de la cónsul en Los Ángeles, sobre los cargos; y dijo que se ofrecerá a Cienfuegos Zepeda la asistencia consular a la que tiene derecho.
La periodista estadounidense Ginger Thomson, quien reveló la detención, escribió en su cuenta de Twitter que el general fue detenido a última hora de la tarde de ayer cuando arribó al país vecino en un viaje que realizaba con su familia.
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que la solicitud para arrestar al exsecretario viene directamente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y se encontraría detenido en el Metropolitan Detention Center. En EU se informó que los delitos son tráfico de drogas y lavado de dinero.
La detención del general se suma también a la de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, arrestado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y quien actualmente enfrenta un juicio en EU.
Trascendió que el caso de Cienfuegos está radicado en Nueva York, donde está detenido García Luna.
Cienfuegos es el segundo secretario detenido de la administración de Peña Nieto, pues Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sigue en prisión un procedió judicial en México.
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, es otros funcionario de la administración pasada bajo proceso judicial.
Otorgan amparo contra uso de fuerzas armadas
Horas antes de la detención de Cienfuegos, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, declaró inconstitucional el Acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de mayo para que las Fuerzas Armadas (FA) desempeñarán labores de seguridad pública por cinco años, con la Guardia Nacional (GN).
Esto luego de un amparo presentado por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que se inconformó contra el mencionado acuerdo que dispone que el Ejército y Marina lleven a cabo tareas de seguridad pública.
El juzgador, notificó el 8 de octubre un amparo en favor de MUCD donde señala que el acuerdo reclamado es inconstitucional porque evidencia que la autoridad responsable, el mandatario, ha incorporado a los elementos dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz.
Fuentes consultadas por 24 HORAS manifestaron que corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, impugnar la resolución e interponer un recurso de revisión para que se eleve a un colegiado y lo atraerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Los soldados y marinos trabajan con las reglas del juego que otorguen los Poderes de la Unión”, refirió una fuente castrense.
En la sentencia de 94 páginas, el juez detalla que el Acuerdo impugnado viola la norma que creó la Guardia Nacional en 2019 la cual establece que el mandatario podrá disponer de los elementos en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; pero que no se cumple dicho requisito.
Destaca también que tampoco cumple con el criterio de delimitación geográfica de la intervención de las FA y es posible advertir que ordena la participación de los militares en todo el País.
Regañan a la Marina
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que dirigió la Recomendación 37VG/2020 al Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a la vida, en agravio de cuatro personas que fueron detenidas de forma arbitraria, sometidas a malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecutadas, atribuibles a funcionarios públicos de la Semar.
La CNDH reportó que los hechos ocurrieron en febrero y marzo del año pasado, en la actual Administración.
LEG